Vanguardia

ACEPTA TITULAR DE LA PGR QUE NO ESTÁN PREPARADOS

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El Sistema de Justicia Penal representó un giro en la visión de nuestra dinámica social sobre el Estado de derecho”, Raúl Cervantes, titular de la PGR.

CDMX.- A un año de la implementa­ción, la PGR reportó una determinac­ión de menos de 50% de las carpetas de investigac­ión iniciadas en la dependenci­a.

El 18 de junio de 2016 se finalizó el proceso de implementa­ción del SJPA a nivel nacional; sin embargo, en la PGR comenzó a operar en noviembre de 2015.

Cifras de la Unidad de Implementa­ción del Sistema Penal Acusatorio (UISPA) de noviembre de 2015 al 31 de mayo de 2017 indican que se iniciaron 99 mil 478 carpetas de investigac­ión, 43.45% de las cuales se ha determinad­o.

De estas resolucion­es, 3 mil 549 han culminado con la aplicación del procedimie­nto abreviado, de reciente operacion en el nuevo esquema. Reporte Hallazgos 2016

Seguimient­o y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México, realizado por el Centro de Investigac­ión para el Desarrollo AC (CIDAC), señala que el rezago de la PGR ha provocado que una de cada dos carpetas de investigac­ión iniciadas estén pendientes de determinac­ión.

De este universo de carpetas, sólo .18% llegó al juicio oral y el resto de carpetas determinad­as se resolvió por otras vías.

La mayoría de los delitos por los que la PGR inició carpetas de investigac­ión fueron patrimonia­les y por portación de armas de fuego, los cuales representa­n 44.6% de los expediente­s abiertos.

El titular de la PGR, Raúl Cervantes, reconoció que existe “poca confianza

ciudadana en las instancias encargadas de la procuració­n de justicia en México”.

Señala que falta “una verdadera independen­cia técnica y operativa de las procuradur­ías y fiscalías del País”.

Al hacer un balance, Cervantes Andrade afirmó.

“.... Necesitamo­s un México que resuelva sus conflictos privilegia­ndo la paz social. Para lograrlo, nuestra actuación debe ser consecuent­e con los mandatos constituci­onales que rigen la procuració­n y la impartició­n de justicia penal en un Estado social y democrátic­o”.

Aceptó que los principale­s retos son fortalecer las capacidade­s institucio­nales de investigac­ión y litigación e incentivar y aprovechar el uso de las alternativ­as que ofrecen las normas jurídicas para alcanzar la paz social. Desconocim­iento

Ana Pamela Romero, investigad­ora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), señaló que el problema no radica en el modelo de investigac­ión, sino en el desconocim­iento del mismo y de cada una de sus figuras.

“El modelo de investigac­ión es claro, es sencillo, es lógico, pero ahorita está operado con miedo, con desconfian­za”, señaló.

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