Elecciones: ¿diseñadas para la especulación?
La ola de rumores, versiones “extraoficiales” y especulaciones de todo tipo que inundan el ambiente, en relación al derrotero de los comicios del pasado 4 de junio, pareciera dejar claro que las reglas electorales mexicanas no están hechas para que pueda comprenderlas cualquier ciudadano.
En efecto: no hace falta sino acudir a cualquier “especialista” en el tema y cuestionarle, por ejemplo, sobre el significado material del informe de gastos de campaña recién emitido por el Instituto Nacional Electoral, para tener claro que el denominado “marco jurídico” en esta materia ha sido diseñado “sólo para iniciados”.
Frente a tal realidad, pareciera entonces que lo sensato es recomendar la prudencia en las declaraciones y, sobre todo, en la reproducción de tales manifestaciones, pues hasta que los tribunales electorales no dicten sentencia lo mejor es no especular.
Sin embargo, pareciera más bien que el diseño legal está hecho justamente para promover la especulación, pues candidatos, partidos y especialistas no cesan de “explicarnos” los distintos escenarios posibles derivados de los resultados electorales.
El problema, desde luego, no es que haya diversas personas tratando de explicarnos lo que podría ocurrir –o lo que eventualmente están seguros que ocurrirá, de acuerdo con su particular visión–, sino que las versiones que recibimos los ciudadanos suelen ser contradictorias.
Una de las reglas que mayor confusión causa es la relativa a la posibilidad de que una elección se anule si se presentan simultáneamente dos condiciones: que el candidato declarado ganador haya rebasado por más de cinco por ciento el tope de gastos de campaña y que la diferencia de votos entre éste y el segundo lugar sea menor a cinco puntos porcentuales.
Tal como la regla aparece en la Constitución, podría pensarse que se trata de un mecanismo automático, es decir, que en cuanto tales circunstancias coincidan en el tiempo, alguien aparecerá en escena y dirá que tal o cual elección se anula y deberá repetirse.
No hace falta ser abogado para intuir que debe existir un procedimiento mediante el cual se declare eventualmente la invalidez de una elección, pero eso tampoco para estar claro. Un ejemplo de ello es el reporte periodístico que publicamos en esta edición, respecto del presunto riesgo que existiría de nulidad en relación con la elección municipal de San Pedro.
En este caso, de aprobarse el dictamen de gastos de campaña elaborado por el INE –y que será discutido este viernes– quedaría actualizada la hipótesis de nulidad prevista en la Constitución. O al menos en apariencia así sería.
Porque si la entrega de la constancia a la candidata ganadora no fue impugnada –y específicamente por rebasar los topes de gasto– podría ocurrir que la causal de nulidad no se actualizara.
Todo hace indicar pues, que tal como ocurre con los resultados de la elección de Gobernador, la única cosa cierta, de aquí a que los tribunales resuelvan el último recurso legal, será la especulación.
Lo único comprobado con los pasados comicios es que las reglas electorales son confusas para los ciudadanos y se deben comunicar con prudencia