CINCO MIL DETENIDOS CON ARMAS EVITARON LA CÁRCEL
A un año de haber iniciado el SIPA, expertos consideran que falta capacitación a los funcionarios NUEVO SISTEMA GENERA POLÉMICA
CDMX.- A nivel federal, sólo 16.5% de los detenidos por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, es decir, mil 143 personas, fueron a prisión, porque a otras 5 mil 67 personas se les concedió seguir su proceso en libertad y 695 fueron exoneradas de ese delito, revelan estadísticas del Poder Judicial de la Federación, a partir del arranque del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA).
Las personas que quedaron en prisión preventiva fueron aquellas a las que el Ministerio Público pudo comprobarles que tienen cierto grado de peligrosidad o fueron procesados o sentenciados.
O bien, no se garantizó que comparecerían en el juicio ni aseguraron el desarrollo de la investigación y protección de la víctima.
A un año de iniciado, el nuevo modelo se generó un debate entre quienes consideran que debe reformarse para ampliar el catálogo de delitos graves y evitar que reos puedan llevar su proceso en libertad, frente a quienes piden tiempo para que el sistema se consolide, puesto que consideran que las fallas están, entre otros, en la capacitación.
Con las modificaciones del nuevo sistema, el artículo 19 de la Constitución señala que: “El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado por la comisión de un delito doloso.
El juez ordenará la prisión preventiva en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine “la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.
Esto significa que si no se cumplen con estas condiciones, los imputados pueden continuar el proceso en libertad con otras medidas cautelares, como la presentación periódica ante la autoridad.
De noviembre de 2014, fecha en la que inició el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Poder Judicial de la Federación, a la fecha 6 mil 905 personas han sido detenidas por la posesión irregular de armas de fuego, 90% de las cuales fueron vinculadas a proceso. Esto significa que 695 detenidos fueron exonerados y a 6 mil 210 se les siguió un proceso penal.
Del total de procesados, mil 143 personas fueron privadas de su libertad y 5 mil 67 liberadas; sin embargo, continúan el procedimiento.
FALTAN REGISTROS
Especialistas urgieron la creación de una Unidad de Medidas Cautelares que vigile que las disposiciones se cumplan para evitar la fuga o la reincidencia.
Héctor Díaz Santana, investigador del IPN, aseguró que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio comenzó sus operaciones a pesar de estar incompleto, porque sin esta unidad no se garantiza que las personas a quienes no se les determina prisión preventiva cumplan con los requerimientos del juez.
“No existe una Unidad de Medidas Cautelares y lo que pasa es que cuando el Ministerio Público solicita la prisión preventiva porque detuvieron a una persona con armas largas, el juez pide un dictamen emitido por una unidad de medidas cautelares y como es inexistente y no se tiene un dictamen, se genera un gran vacío”.
Una postura similar asume Ariadna Salazar Quiñonez, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, quien señala no hay unidades de medidas cautelares en tdo el País.