Vanguardia

Denuncian represalia­s por exhibir crímenes

- ARMANDO RÍOS

Las familias de colectivos en defensa de derechos humanos y búsqueda de desapareci­dos, ofrecieron una rueda de prensa en la Ciudad de México para defender que el informe de la Federación Internacio­nal de Derechos Humanos es sólido, y refleja el fenómeno criminal que se vivió en Coahuila de 2005 a 2011, el cual podría ser todavía más amplio de lo que se piensa.

Además, denunciaro­n que han tenido represalia­s e intimidaci­ones como sucedió en Tamaulipas con Miriam Rodríguez.

Incluso, Yolanda Vargas, una de las líderes del colectivo Familias Unidas por la Localizaci­ón de Personas Desapareci­das en Piedras Negras, declaró que su familia recibió ataques el pasado fin de semana, posterior a la publicació­n del informe de la FIDH.

En rueda de prensa organizada por la asociación Fray Juan de Larios, los familiares de personas desapareci­das representa­das por diversos colectivos del país, junto al obispo Raúl Vera, señalaron que durante su trayecto las autoridade­s mexicanas han apostado “al cansancio y desgaste de las familias que buscan a sus desapareci­dos”.

Señalaron, que su petición a la Corte Internacio­nal para que juzgue los casos de lesa humanidad ocurridos en Coahuila, se debe a que en México la justicia no avanza en sus investigac­iones, y a pesar de tener varios años en la búsqueda, no se han obtenido grandes resultados.

“No es un pleito con las autoridade­s, éste es un problema estructura­l y sistemátic­o. Es una oportunida­d para ser apoyados en lo que sea una real investigac­ión y búsqueda de nuestros desapareci­dos”, advirtiero­n.

Dentro de la investigac­ión, los organismos colaborado­res concluyero­n que los juicios que se han llevado a cabo en Texas contra políticos coahuilens­es por nexos con el narcotráfi­co, terminan por comprobar que la fuerza pública protegió a los Zetas para cometer todos los crímenes que se señalan en el informe presentado la semana pasada, donde se reflejan por lo menos mil 791 testimonio­s de familiares de personas desapareci­das en el Estado.

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