1. Hoy entra en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción; estados cumplieron a medias.
INFORMA LA SFP Destaca Coahuila entre entidades que no pudieron aprobar o no publicaron ni su reforma constitucional SNA cumplió un año y hay pendientes SANCIONES >
CIUDAD DE MÉXICO.- Las 32 entidades del País incumplieron con la armonización de sus constituciones y leyes locales conforme a las normas del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo plazo legal venció ayer martes.
De acuerdo con un seguimiento a las Leyes de los Sistemas Locales Anticorrupción de las entidades, que realizó la Secretaría de la Función Pública (SFP), sólo cinco de 32 registraron un mayor avance en la homologación de sus normas contra la corrupción, que son Querétaro, Sonora, Nayarit, Chiapas y Puebla.
Mientras que Aguasca- ESTADOS lientes, Baja California Sur, Guanajuato, Estado de México y Morelos aprobaron y publicaron sus reformas constitucionales y sus leyes del sistema local anticorrupción.
Faltaron por aprobar y publicar reformas a su Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas Estatal, Ley Orgánica a la Fiscalía General Estatal, Ley Orgánica del Tribunal Contencioso, Ley de Responsabilidades Administrativas y reformas al Código Penal local, necesarias para el funcionamiento de sus sistemas.
De acuerdo con el reporte de la SFP, destacan los casos de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, cuyos Congresos no pudieron aprobar o no publicaron ni su reforma constitucional, ni las otras leyes secundarias.
En tanto que Colima, la Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, sólo aprobaron y publicaron en sus gacetas de gobierno sus reformas constitucionales. Mientras que el Congreso de Quintana Roo aprobó su reforma constitucional y leyes secundarias anticorrupción, pero no han sido publicadas por el titular del Ejecutivo estatal. CIUDAD DE MÉXICO.- Hace un año, el 18 de julio de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto firmó los decretos que expiden las siete leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), un nuevo mecanismo —en el que participa la sociedad civil— para combatir las redes de corrupción de los servidores públicos y particulares.
El SNA fue concebido como un cambio institucional que tiene como objetivo ir en contra de los delitos que generan impunidad en el quehacer público y privado del País.
El sistema es presidido por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) que encabeza la doctora Jacqueline Peschard Mariscal, que, a su vez, es una de las siete piezas que forman el Comité Coordinador del SNA, en el que participan:
Los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez; de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal; del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información (INAI), Francisco Acuña; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Carlos Chaurand.la Cámara Alta también dejó pendiente la ratificación de los 18 magistrados —tres de Sala Superior y 15 regionales— del TFJA, quienes sancionarán faltas administrativas graves.
Así las dependencias se coordinarán para realizar labores de control interno y externos. El control interno lo harán la SFP y los contralores (órganos internos de control) del País.
El INAI se dedicará a vigilar que se publique la información, mientras que la ASF hará el control externo por medio de la revisión de la cuenta pública (si hay denuncias puede hacer auditorías, investigar y fiscalizar recursos en tiempo real).