Parlamento nombra una Corte Suprema paralela
VENEZUELA El Legislativo, de mayoría opositora, da un paso en el intento de establecer un Gobierno alternativo al de Maduro
CARACAS.- El Parlamento venezolano nombró este viernes a 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, en una sesión celebrada al aire libre en una plaza del este de Caracas.
El Legislativo, de mayoría opositora, da así un paso en firme en el intento de establecer un Gobierno paralelo al del régimen de Nicolás Maduro y avanza hacia un choque de trenes aún mayor con el Ejecutivo, a una semana de la celebración de las elecciones a la Asamblea Constituyente.
La plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes, uno de los bastiones opositores en la capital venezolana, sirvió de improvisado hemiciclo de sesiones en medio de un viernes con aspecto de día feriado. El transporte público apenas se reincorporó a sus actividades después de dos días de paro, que el jueves coincidió con el llamado de la oposición a una huelga general. Las barricadas aún bloqueaban el paso hacia las principales urbanizaciones del este de la capital, pero en el centro, bastión chavista por antonomasia, el movimiento fue el de todos los días.
Con el país volcado en las calles contra el régimen, la oposición ha decidido redoblar el pulso y ha sentado las bases para crear una institucionalidad paralela. La ofensiva busca producir una fractura en el Gobierno que permita suspender la Constituyente, impulsada por el oficialismo para combatir a los poderes que le son adversos, como el Parlamento y la Fiscalía, y redactar una Carta Magna a su medida. El presidente de Venezuela,
El Ejecutivo presenta el proyecto como la oportunidad de acabar con las protestas que mantienen sitiada a Venezuela desde hace tres meses y medio, en las que ha habido más de un centenar de muertos, y purgar al país de adversarios y quintacolumnistas. En el largo plazo, el objetivo de los opositores con el pulso que han lanzado es forzar la salida anticipada de Maduro.
LA SELECCIÓN ANTERIOR
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición de formaciones opositoras, ha asumido el nombramiento de los 33 nuevos togados como un mandato de los más de siete millones de venezolanos que el domingo votaron en un plebiscito contra la Constituyente. La oposición no reconoce la designación de los magistrados en ejercicio del Supremo por supuestas irregularidades en su nombramiento entre diciembre y enero de 2015 por parte del Parlamento saliente, de mayoría chavista, días después de la victoria electoral de la actual mayoría opositora y antes de que esta tomara posesión en la Cámara.
El proceso fue muy cuestionado por la oposición porque la mayoría de los candidatos mantenían fuertes lazos con el régimen. Los nuevos jueces elegidos por el Legislativo fueron propuestos por un comité de postulaciones que contó con el concurso de representantes de la sociedad civil, según establece la Constitución.
MERCOSUR LLAMA A RESTABLECER ORDEN
Mercosur instó a Venezuela a restablecer el orden institucional y el Estado de derecho, en una declaración de su cumbre Argentina.
Los países “hacen un urgente llamado al cese de toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políticas, instando al restablecimiento del orden institucional, la vigencia del Estado de derecho y la separación de poderes”, dice el texto que firmaron también Chile, Colombia y Guyana y México.
Bolivia, país en proceso de adhesión, no firmó. LONDRES.- Reino Unido está dispuesto a permitir la libre circulación de ciudadanos de la UE una vez se haya producido el Brexit, en marzo de 2019, durante un periodo transitorio de al menos dos años. Así lo han reconocido incluso algunos de los ministros más euroescépticos de un Gobierno debilitado, que parece así ceder al clamor del mundo empresarial, temeroso de los efectos negativos para la economía de una ruptura radical con el bloque.
Se trata de una victoria del sector más moderado del Gabinete, liderado por el ministro de Economía, Philip Hammond. Este cree contar, según publica The Times, con el apoyo de todos los miembros del Gobierno para aplazar la entrada en vigor de un nuevo régimen de inmigración hasta después de concluido el llamado “periodo de implementación”.
El consenso es que dicho periodo dure dos años, según The Times, pero un Hammond fortalecido desea que se extienda hasta tres o cuatro años después de que se formalice la salida que, según los plazos establecidos por el artículo 50 del Tratado de Lisboa, se producirá al final de marzo de 2019.
Resulta significativo que el propio Michael Gove, primer espada de la campaña por el Brexit en el referéndum y hoy ministro de Medio Ambiente y Agricultura, haya sido el encargado de reconocer que el Gobierno está de acuerdo en la necesidad de un periodo transitorio con “un acercamiento pragmático” a la libre circulación de personas.