OPERADOR BLANQUEÓ DESVÍOS
En la audiencia inicial los fiscales mencionaron a Moisés Mansur, como uno de los operadores que vendió a sobreprecio parcelas en el ejido de Lerma, Campeche, para blanquear los desvíos de la Secretaría de Educación de Veracruz.
En la diligencia de este sábado agregaron que Mansur adquirió el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, Estado de México, por la cantidad de 100 mil pesos, en su calidad de prestanombres de Javier Duarte.
Los fiscales afirmaron que existe una orden de aprehensión contra Mansur y que el prestanombres no tarda en comparecer ante la justicia.
Rodolfo Ortega López, uno de los principales testigos contra Duarte, afirmó que en 2011le ordenó la creación de lainmobiliaria Rohr, con la que adquirió la casa ubicada en Sierra Fría 715, Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, con un valor de más de 42 millones de pesos.
De igual modo, afirmó que Duarte le instruyó a adquirir un yate de lujo al que nombró Candelaria, valuado en un millón de euros y cuya compra final fue por 790 mil dólares, pactada por José Juan Janeiro Rodríguez, otro de los integrantes de esa red de corrupción en Veracruz.
Ortega López debía comparecer a la audiencia que inició desde las 10 de la mañana para ser interrogado por la defensa de Javier Duarte, pero ante su inasistencia, el juez le otorgó 48 horas para justificar la falta o de lo contrario emitirá una orden de arresto en su contra.
Luego de relatar los datos de prueba que presentaron, los fiscales de la procuraduría solicitaron la vinculación a proceso del exgobernador Javier Duarte. De acuerdo a lo expuesto por la PGR, las empresas que recibieron los contratos y los pagos fueron: Solaria, Agatone Advisory, Diseños Arquitecturales Melgar y Farmacias Genéricos, por servicios que nunca fueron realizados. Según la carpeta de investigación, existen indicios de que son entidades fantasma creadas por mandato de Duarte. DMX.- Luego de la vinculación a proceso, la PGR indicó que Javier Duarte de Ochoa fue el líder de una organización delictiva conformada por lo menos por nueve personas.
Mencionó que el Ministerio Público Federal dijo ante el Juez de Control en la sede del Reclusorio Norte, que los hechos delictivos se llevaron a cabo en Veracruz, Campeche y la Ciudad de México entre los años 2011 y 2016, periodo en el que el hoy imputado se desempeñó como gobernador de Veracruz.
Sostuvo que la parte acusadora presentó ante el juez los datos de prueba necesarios y suficientes que hacen suponer la participación del imputado en los delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Comentó que los fiscales a cargo del caso justificaron al Juzgador Federal que para la ejecución de los movimientos financieros involucrados en ambos delitos, “se valió de al menos nueve personas y diversas empresas fachadas para invertir recursos a través de ellas”.
El Juez de Control otorgó un plazo de seis meses para el Ministerio Público Federal para continuar con su investigación.
La dependencia que encabeza el procurador Raúl Cervantes pidió confiar en el sistema de justicia penal y en sus instituciones para lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas del delito y evitar la impunidad, así como a conocer y entender que cada etapa del proceso penal tiene objetivos distintos.