La transición espuria en Coahuila
A dos meses la pregunta sigue siendo: ¿y quien será ese “nuevo mandatario”?
Es irresponsable –como se dijo aquí la semana pasada– iniciar la entrega-recepción del Poder Ejecutivo de Coahuila tomando en cuenta que la fiscalización del INE, sumada con los resultados del IEC, configuró una “determinante” causal de nulidad en la elección de Gobernador que si se aplica la Constitución a rajatabla, deberá sancionar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así de fácil.
Pero también es irresponsable no iniciar la entrega-recepción considerando que se acerca el plazo para gestionar el Presupuesto de Egresos 2018 y el “nuevo mandatario” debe intervenir por una simple razón: el dinero constituye la columna vertebral del próximo año de gobierno, y él será responsable de ejecutarlo durante su ejercicio. Dos meses después de la jornada electoral, sin embargo, los coahuilenses continúan haciéndose la misma pregunta: ¿y quién será ese “nuevo mandatario”?
Aunque la Ley de Entrega-recepción del Estado y Municipios de Coahuila no impide comenzar el procedimiento administrativo, pues exige como requisito sólo una constancia de mayoría expedida por el árbitro local, el asunto no es de legalidad sino de legitimidad.
De acuerdo con la encuesta de Grupo Reforma, publicada el 26 de julio, sólo 24 por ciento de los coahuilenses cree que las recientes elecciones de Gobernador fueron limpias. Eso significa que 76 por ciento piensa que sí hubo fraude, o por lo menos lo duda.
Los coahuilenses no aceptan, en este caso, el “haiga sido como haiga sido”.
El referido sondeo no es vinculante –es decir, a nada obliga– aunque sí refleja el sentir mayoritario de la población: no hay respaldo popular a las decisiones de la autoridad. A eso, lisa y llanamente, se llama ilegitimidad. Antesala de la muerte para cualquier sistema político.
Por otro lado, hasta hoy los reflectores de la opinión pública han apuntado mayoritariamente hacia quien recibe, no a quien cede la estafeta pese a que se trata de un acto bilateral. Por ello convendría no perder de vista un detalle fundamental: la finalidad de la entrega-recepción es, básicamente, liberarse de “responsabilidad”. Ahí es donde se abre un socavón legal que puede ser utilizado perversamente.
Un ejemplo. Si en lo sucesivo, es decir, los 116 días que a partir de hoy le restan al sexenio, ocurriese alguna irregularidad relacionada con los recursos materiales o financieros, ¿quién sería el obligado a responder administrativamente cuando ya existen dos personas metiendo la mano en el mismo cajón?
Es verdad que a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado le compete dirimir controversias como ésta ya que funge como “Órgano Interno de Control” en el tema, y que los gastos relacionados corresponden al Gobierno Estatal como consta en el artículo 25 del ordenamiento jurídico mencionado líneas arriba.
Ahora bien, agreguémosle complejidad a la hipótesis: y si el Tribunal Electoral anula las elecciones de Gobernador y por consecuencia revoca la constancia de mayoría a dejando sin efecto la entrega-recepción que –al menos para la foto– ya inició el pasado lunes, ¿quién sería entonces el obligado a responder administrativamente por eventuales irregularidades acontecidas en ese periodo?
Es claro que, sin alternancia, durante 88 años de Gobiernos priístas en Coahuila la Ley de Entrega-recepción fue inservible. Ahora que necesitamos desempolvarla para resolver polémicas inéditas, no Miguel Riquelme, obstante, nos damos cuenta que su contenido es nugatorio.
Y aquí viene la pregunta más importante: ¿realmente
firmó un acta circunstanciada como formalmente se requiere?, ¿o sólo dio un mensaje a los medios de comunicación (utilizándolos como caja de resonancia) para tratar de acalambrar a la oposición y presionar a los magistrados?
Gobierno del Estado no lo especifica en su comunicado oficial. Tampoco lo consignan las crónicas periodísticas. Al respecto corre ya una solicitud de transparencia de quien esto escribe pero no se peca de ingenuidad: la respuesta, si la hay, no es garantía de veracidad.
El cuestionamiento es trascendental por una razón: de no haberse rubricado la entrega-recepción en un acta circunstanciada, aquello habrá sido una simulación.
CORTITA Y AL PIE Rubén Moreira
En defensa del Pri-gobierno se argumenta que hay impugnaciones en todos los procesos electorales, y no por ello se detiene la entrega-recepción del Poder Ejecutivo. Es correcto. Cito un caso concreto: 64 días después de las elecciones de Gobernador celebradas en Colima, en 2015, inició el procedimiento administrativo.
Pero dos meses después el Tribunal Electoral anuló la elección.
LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS
En Coahuila comenzó la entregarecepción 57 días después de la jornada electoral. Una semana antes a comparación de Colima. ¿Se acelera con ello la transmisión del poder?
Por supuesto que no. Con la ilegitimidad a cuestas, lo único que se acelera, eso sí, es la indignación ciudadana debido a la transición espuria.