Tláhuac, el dolor del Peje
A lo largo de toda la semana pasada, la preocupación de los asesores de Andrés Manuel López Obrador era en qué momento la investigación de narcopolítica en la delegación Tláhuac, encabezada por un connotado miembro de su partido, Morena, Rigoberto Salgado, empezará a salpicarlo. La puerta de entrada se encuentra en Tlalpan, a donde se extienden líneas de investigación federales ante la sospecha que dinero de procedencia ilícita que piensan financió la campaña de Salgado, también se inyectó en contiendas como la de Claudia Sheinbaum, a quien López Obrador impulsa como candidata al gobierno de la Ciudad de México. ¿Será Tláhuac el principio de una campaña de descrédito contra López Obrador, en 2018? El tabasqueño ha probado ser inmune a todo tipo de ataques, pero su teflón en algo tan profundo como narco dinero en su partido y en sus campañas, de probarlo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, ¿podría mantenerlo inmune?
Salgado está políticamente liquidado. Tras su comparecencia en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, no pudo desmentir las imputaciones que se le hicieron salvo asegurar, contra documentos que le mostraron los diputados, que no tenía vinculación con la delincuencia en Tláhuac, donde hace tres semanas un comando de la Marina acabó con la vida del líder del narcomenudeo en el sur de la capital federal, con vinculaciones al Cártel del Pacífico, Felipe de Jesús Pérez Luna. Para Morena se volvió una pieza desechable, donde lo importante es cómo su caso no contamina a Morena y al grupo compacto de López Obrador.
Tláhuac es la bomba de tiempo para Morena. No se volvió un foco rojo de seguridad en los últimos años, ni tampoco emergió como zona de narcomenudeo de manera reciente. Desde los 70s, Tláhuac y una zona del mexiquense Neza, en la zona conurbada al oriente de la Ciudad de México, era donde se adquirían drogas. En aquél entonces era mariguana, y con el paso del tiempo se fue ampliando la oferta a cocaína y drogas sintéticas. A las tienditas y los raves acudían los fines de semana de todas partes de la Ciudad de México todos los grupos socioeconómicos a adquirir sus drogas. Es imposible que Salgado no conociera del tema de tiempo atrás, al haber sido dos veces responsable de la seguridad pública en Tláhuac antes de llegar a delegado. Sus omisiones o comisiones –ya lo determinarán las investigaciones-, le va a provocar la caída política y, eventualmente, hasta la libertad.
Su caso se extiende, cuando menos en el campo de las investigaciones, hasta otras delegaciones morenistas, como Tlalpan, que encabeza la señora Sheinbaum, en cuanto a si dinero criminal fue inyectado a sus campañas. López Obrador ha sido enfático al hablar sobre Tláhuac, para deslindar claramente a Salgado de Morena. No defiende al delegado; busca blindar al partido. Nunca antes había estado tan cerca de ser vinculado él, sus cercanos y su partido, a grupos criminales. Lo más cercano a lo que estuvo expuesto fue en el caso de José Luis Abarca, alcalde de Iguala cuando la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, a quien había apoyado. La prensa ha documentado cómo cuando en la campaña de Abarca le dijeron en Iguala sobre las acusaciones de haber ordenado asesinatos, López Obrador los desoyó. Esa actitud, no querer escuchar para no saber, lo ha marcado en el pasado.
Cuando en la campaña para el gobierno de la Ciudad de México, la entonces presidenta del PRD, Rosario Robles, le dijo que había conseguido que un empresario financiara al partido, López Obrador le respondió que lo arreglara ella pero que él no quería saber nada de eso. Ese empresario era el argentino Carlos Ahumada, que a cambio de ser mecenas de los perredistas e inyectar recursos a sus campañas, incluida la de López Obrador, recibió contratos de obra pública en diversas delegaciones, como Tláhuac.
El dinero de Ahumada siempre fue asociado a ese tipo de intercambios, recursos a campañas recuperados mediante entrega de obra pública, hasta que la investigación de Ayotzinapa abrió una ruta inesperada. Campo Morado, una mina de Ahumada en Tierra Caliente no lejos de Iguala, lo conectaba con un grupo criminal de envergadura, escisión de la Familia Michoacana, encabezado por Jhonny Hurtado Olascoaga, apodado “El Fish”, y autor intelectual de la ola de secuestros que se dieron en Valle de Bravo hace pocos años. Nunca se exploró la posible inyección de dinero criminal al PRD de López Obrador en aquellos años por la vía de Ahumada, como tampoco lo que representaba Abarca para los delincuentes en aquella zona.
López Obrador nunca quiso saber de dónde salían los recursos, aunque era beneficiario de ellos. Ese mismo modus operandi es el que vuelve a aparecer en Tláhuac, donde probablemente, de acuerdo con su actitud de no preguntar lo que no quiere saber, lo tiene en medio de una investigación federal de gran calado. López Obrador no es deshonesto ni se vive jugando fuera de la ley. Pero la manera negligente con la que trata los asuntos de financiamiento político, lo hacen responsable de sus consecuencias. El no ser culpable de cometer o solapar delitos, no lo llevan a puerto seguro. La preocupación de sus asesores sobre cómo puede quedar involucrado él y su equipo compacto en el caso Tláhuac, debe convertirse en una estrategia sólida y convincente para evitar que su barco presidencial empiece a naufragar antes, incluso, de salir a la mar.