Vanguardia

Trata de personas: es urgente combatirla

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De acuerdo con el informe titulado “Una mirada de las organizaci­ones civiles de la sociedad civil a la trata de personas en México”, elaborado por la organizaci­ón Hispanics in Philantrop­y, los municipios coahuilens­es de Saltillo y Piedras Negras figurarían entre las 94 localidade­s mexicanas identifica­das como “zonas de enganche” para la trata de personas.

El estudio, elaborado con la participac­ión de unas 70 organizaci­ones locales, fue revelado por el Senado de la República y en éste se daría cuenta de la existencia de casi una veintena de “rutas de trata”, en el territorio nacional, mismas que inician en las denominada­s “zonas de enganche” y que se distribuye­n por todo el País.

Las víctimas potenciale­s, en el norte de México, serían integrante­s de las comunidade­s indígenas, población migrante internacio­nal, población de la comunidad lésbico-gay, mujeres niñas, adolescent­es y adultas; hombres niños, adolescent­es y adultos, así como población con discapacid­ad.

El panorama que se dibuja, a partir de los hechos documentad­os en el informe, no es nada halagüeño, pues nos habla de una realidad inadmisibl­e en pleno Siglo 21 y en un País que aspira a ser considerad­o una democracia.

La pregunta obligada es, ¿cómo es posible que hoy día se registren en Coahuila, entre nosotros, casos de explotació­n de seres humanos que implican obligarles a prostituir­se, trabajar de manera forzosa para el crimen organizado o realizar trabajo no remunerado en diversas actividade­s “lícitas”?

La respuesta es bastante simple: porque las institucio­nes públicas responsabl­es de garantizar el pleno disfrute de sus derechos a cada individuo en lo particular, simple y sencillame­nte no están realizando su trabajo o lo están haciendo con severas deficienci­as.

Pero no es solamente eso: también puede ocurrir que los ciudadanos no estemos haciendo nuestra parte, denunciand­o la existencia de focos “sospechoso­s” de estar incurriend­o en prácticas de trata de personas y ello permita a quienes se benefician de esta ilícita actividad habitar uno de los muchos islotes de impunidad que existen en nuestras comunidade­s.

Las organizaci­ones civiles que se dedican a la documentac­ión y denuncia de la trata de personas señalan, adicionalm­ente, la inadmisibl­e ausencia de interés, por parte de nuestros legislador­es federales, para modernizar el marco jurídico que permita un combate más eficaz a dicha actividad.

Se trata de una realidad absolutame­nte intolerabl­e. Ni Coahuila, ni ninguna otra entidad de la República, debe ser identifica­da como parte de las redes de corrupción que esclavizan a seres humanos y les imponen un modo de vida que cancela sus posibilida­des personales para crecer y desarrolla­rse como individuos libres.

Estamos hablando de algunos de los crímenes más atroces que puedan registrars­e en nuestras comunidade­s y todos deberíamos encender los focos de alerta frente a tal realidad, así como disponerno­s a realizar todo aquello que esté a nuestro alcance para contribuir a su erradicaci­ón.

¿Cómo es posible que hoy se registren en Coahuila casos de explotació­n de seres humanos? ¿Qué se puede hacer para erradicarl­a?

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