Rastros municipales, ¿todos ‘coludos’…?
La Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila (Propaec), clausuró ayer las instalaciones del rastro municipal de Saltillo debido a que éste no cuenta con las autorizaciones que exige la legislación estatal de la materia, además de que su planta tratadora de aguas residuales no se encuentra en operación.
La clausura se ha dado luego de que, a lo largo del año, el rastro, que es operado por una empresa privada —Maquilador y Exportador de Carnes S.P.R. de R.L. DE C.V.—, ha sido multado en repetidas ocasiones e incluso ha sufrido una clausura temporal.
A primera vista, la determinación de la autoridad ambiental del Estado se ajusta perfectamente a las reglas y se habría dado en un contexto de contumacia por parte de la empresa operadora de las instalaciones, a la cual no parece importarle el cumplimiento de la normatividad a la cual se encuentra obligada.
Sin embargo, la suspicacia surge en cuanto la administración municipal —de origen partidista distinto al de la administración estatal— ha salido a señalar que, en cuatro décadas de operación, el rastro de Saltillo nunca ha contado con los permisos que constituyen el motivo de la clausura.
La pregunta obligada es si las autoridades estatales habrían actuado de la misma forma en caso de que el Gobierno municipal de Saltillo tuviera el mismo origen partidista que ellos o, si se prefiere, ¿por qué no se había clausurado antes el rastro, si tiene tanto tiempo operando en la irregularidad?
Resulta obligado también preguntar si, con el mismo rigor con el cual se ha actuado en el caso del rastro de Saltillo, se está actuando con el resto de los rastros de la entidad.
No se trata, por supuesto, de abogar porque se permita el funcionamiento irregular de instalaciones que deben cumplir con reglas sanitarias estrictas, no solamente porque en ellas se procesan alimentos, sino porque su operación cotidiana genera residuos biológicos cuyo tratamiento debe seguir protocolos estrictos y normas oficiales precisas.
De lo que se trata es de llamar la atención respecto de las posibles motivaciones políticas para actuar con rigor en este caso, pero “hacerse de la vista gorda” en otros que comparten características. Se trata de exigir, de las autoridades estatales, exactamente el mismo rigor para supervisar el funcionamiento del rastro de Torreón o de Piedras Negras, por poner dos ejemplos de administraciones del mismo origen partidista.
En este sentido, será importante que la Propaec transparente el proceso de supervisión que haya seguido en el caso de todos los rastros municipales de Coahuila y quede claro que, allí donde se opera sin los permisos correspondientes, se ha procedido a la clausura.
Y es que en éste, como en cualquier otro caso en el cual hablamos de salud pública o de protección del ambiente, no sólo se trata de que a todos se mida con la misma vara, sino que esa vara sea la del estricto cumplimiento de la ley, al margen de cualquier consideración de carácter político.