La Palma, un problema por resolver
En los últimos días los ciudadanos de Saltillo nos hemos venido enterando de los detalles alrededor de los hechos ocurridos en la colonia La Palma, en donde en un principio se creyó que una confrontación entre pandillas habría derivado en la implantación de un virtual “toque de queda”, y obligado a las autoridades a instaurar un fuerte operativo de vigilancia.
Ahora sabemos, sin embargo, que el presunto “enfrentamiento” nunca existió y que en realidad la historia de lo ocurrido en el citado sector más bien puede catalogarse como un caso extremo de acoso de una pandilla a una familia en particular, pero que se ha extendido a los habitantes de toda una calle.
Los testimonios de las familias afectadas, varias de las cuales decidieron abandonar sus viviendas ante el temor de sufrir agresiones, resultan sorprendentes –por decir lo menos– debido a la forma en la cual retratan el estado de indefensión y vulnerabilidad en el cual se encuentran.
Frente a esta realidad, el Ayuntamiento de Saltillo deberá buscar soluciones para que un problema de este tipo no crezca a medidas desproporcionadas e incontenibles.
“Es una situación entre pandillas, ya se está resolviendo, voy a buscarlas (a las familias afectadas) para que nos digan. Ellos conocen mucho más la problemática”, dijo el alcalde Isidro López Villarreal ayer al ser entrevistado respecto a los hechos y las acciones que su administración está emprendiendo para atender sus consecuencias.
Aunque se trate de un enfrentamiento entre delincuentes o un supuesto acoso hacia una familia, ello no desvanece la obligación que la autoridad municipal tiene de garantizar la seguridad de quienes viven en el sector.
Lo cierto es que La Palma hoy parece encaminarse hacia un sector sin Ley, en donde unos cuantos se han propuesto robarle la tranquilidad al resto de sus vecinos, imponiéndoles sus reglas, lo cual constituye una realidad inaceptable.
Por ello, las autoridades municipales –y de los demás órdenes de Gobierno– tendrían que abocarse a cumplir cabalmente sus responsabilidades, garantizando la integridad personal de los habitantes de ese sector de la ciudad e imponiendo la fuerza del Estado de derecho a quienes intentan colocarse por encima de éste.
De acuerdo con los hechos conocidos, en la confrontación se han cometido –y siguen cometiéndose– múltiples delitos, entre ellos homicidio, lesiones, daños en propiedad ajena y asalto. Algunas de estas conductas incluso podrían tipificarse como delincuencia organizada debido a la forma en la cual presuntamente se han coludido varios de los perpetradores.
Todas y cada una de estas conductas delictivas deben ser investigadas, perseguidas y castigadas. Además, las autoridades preventivas tienen la obligación de evitar que sigan cometiéndose delitos y hacer que La Palma deje de ser un territorio sin ley.
La colonia parece encaminarse a un sector sin Ley, para evitarlo, las autoridades de todos los órdenes de Gobierno deben abocarse a cumplir sus responsabilidades