Radiografía de los penales coahuilenses
El sistema penitenciario mexicano atraviesa una grave crisis que se manifiesta en los alarmantes niveles de sobrepoblación, autogobierno, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros, que desde 2012 diagnosticó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP). A continuación se describirá la situación específica de los penales coahuilenses.
Según el Observatorio de Prisiones Documenta, en Coahuila hay 4 mil 537 personas privadas de la libertad (184 mujeres y 4 mil 353 hombres), de 2012 a 2017, las cárceles de Coahuila bajaron su tasa de población privada de la libertad.
El Diagnóstico de la CNDH además encontró que, de los cinco penales que hay en esta entidad, la calificación global apenas alcanzó el 6.43 puntos sobre 10.
Sobre las condiciones de la población penitenciaria, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), este año realizó la primera edición de la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria (ENPOL), como lo estableció la Ley Nacional de Ejecución Penal, legislación que garantiza los derechos humanos de las personas que se encuentran en contextos de cárcel en México.
En el estado de Coahuila, la ENPOL estudió las condiciones de las personas que se encuentran reclusas en los centros penitenciarios de esta entidad y encontró que su tasa de población privada de la libertad por cada 100 mil habitantes para octubre de 2016 fue de 68, lo que coloca al estado de Coahuila como la tercera entidad con la tasa de población carcelaria más baja, por encima tan sólo de Tlaxcala y Yucatán.
Sin embargo, las personas que se encuentran cumpliendo una pena de cárcel en Coahuila no se salvaron de la violencia institucional, ya que la ENPOL evidenció que sólo una tercera parte de ellas (30.4 por ciento) tuvo contacto con su defensa al ser presentadas en el Ministerio Público, es decir, a un 60 por ciento de las personas que se encuentran en una prisión coahuilense se les violó su derecho al debido proceso.
Así mismo, casi la tercera parte de estas personas (29.7 por ciento) dijo haber sufrido presiones o amenazas como motivo principal para declarar su culpabilidad ante el Ministerio Público.
En cuanto a la violencia generalizada que hay en las prisiones mexicanas, que de enero a junio de 2017 dejó un saldo de 185 muertes de personas privadas de la libertad, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) no reportó ningún incidente en Coahuila, pero no se sabe si la razón de esto es que realmente no hubo ningún incidente violento o que la entidad no brindó la información estadística, por lo que se mantiene la opacidad en la información.
Es indispensable contar con información de calidad para la implementación de políticas públicas adecuadas y su orientación. Sin embargo, el sistema penitenciario no tiene cultura de transparencia, aun menos de rendición de cuentas, justificando las necesidades de seguridad.
Para terminar con la opacidad es necesario cumplir con la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, legislación que establece los lineamientos para que los y las juezas de ejecución, así como las organizaciones civiles, puedan entrar a los penales y abrir la puerta para que la sociedad mexicana conozca lo que pasa ahí dentro.
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