Corrupción: nuestro principal desafío
Durante mucho tiempo, las encuestas de opinión han mostrado en el primer lugar de las preocupaciones ciudadanas a la inseguridad o al desempleo. Por ello no puede pasar inadvertido que, de acuerdo con la Encuesta Nacional 2017, de la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica, el problema colectivo más relevante para los coahuilenses sea la corrupción.
Y no puede soslayarse este resultado, entre otras razones, porque se registra justamente cuando en Coahuila tiene lugar una intensa discusión a propósito de la integración del Sistema Estatal Anticorrupción. Además, porque los resultados reflejan el clima postelectoral que domina a la entidad luego de los comicios del 4 de junio pasado.
Por otra parte, el resultado es relevante porque valdría la pena estudiar mejor el fenómeno que se ubica detrás del mismo, es decir, convendría saber si sólo se trata de un “chispazo”, producto de la efervescencia política, o si ha surgido realmente entre los coahuilenses la determinación de voltear a ver y ocuparse del problema que representa la corrupción.
No cabe duda, desde luego, que la corrupción es un problema de los más graves en el País. Probablemente estemos hablando de la característica que mejor identifica cualquier ciudadano como atributo del servicio público, prácticamente desde el origen de los tiempos.
Sin embargo, ésta ha sido “normalizada” prácticamente por todos los estratos y grupos sociales, al grado incluso de disculparla si se registra acompañada de “obras” realizadas por quienes gobiernan y son señalados de obtener ventaja de su posición en la estructura gubernamental.
Por ello es que, a pesar de haber estado siempre ahí –y ser ampliamente reconocida por la población– la corrupción no ha “capturado” el sitial de honor en el podio de las preocupaciones colectivas.
Resultaría sumamente alentador que el resultado de la encuesta realizada por GCE implicara el surgimiento de una determinación colectiva para combatir en serio al fenómeno y no, como se antoja considerar en primera instancia, que se trate solamente de una “burbuja de indignación” prohijada al calor de la confrontación postelectoral.
Y es que si se trata sólo de lo segundo, entonces el “ánimo anticorrupción” se apagará en breve y muy seguramente en una medición subsecuente el problema ya no aparecerá en el primer lugar de la lista.
Está claro que la corrupción nos preocupa, nos hace reaccionar y existe un acuerdo más o menos amplio en el sentido de que es indispensable combatirla. Sin embargo, a la hora de poner manos a la obra el entusiasmo se desvanece y nadie –o casi nadie– está dispuesto a realizar el gasto que hace falta para instaurar la legalidad como eje rector de la convivencia social.
La encuesta de GCE constituye, sin duda, un buen termómetro para asumir la existencia de un ánimo colectivo en contra de la corrupción. Sin embargo, será absolutamente insuficiente si, más allá de la expresión verbal de rechazo a las prácticas deshonestas, no comenzamos todos a realizar acciones concretas para condenar, denunciar y combatir este mal endémico.
El ánimo colectivo anticorrupción que hoy predomina será insuficiente si no comenzamos a realizar acciones concretas para condenar, denunciar y combatir este mal