ENTREGÓ SEDESOL 2,224 MDP A FIRMAS IRREGULARES
>Usando universidades como intermediarias contrató a 19 empresas que no podían ser proveedores; además se le “perdió” 93% de despensas compradas
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) pagó más de dos mil 200 millones de pesos a 19 empresas irregulares, usando a dos universidades como intermediarias, dentro del programa para combatir la pobreza, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Animal Político.
En la Cuenta Pública de 2013 y 2014 se reportaron 10 convenios con esas dos universidades por un monto de dos mil 224 millones, que debían destinarse a ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas del país o combatir la pobreza.
Estas compras se dieron vía un convenio entre la secretaría y las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, las cuales no dieron ningún servicio, sólo operaron como brókers cobrando 215.4 mdp.
Pero el resto del dinero, poco más de dos mil millones de pesos, se lo entregaron a 20 empresas, 19 de ellas con un ramillete de irregularidades por las que deberían estar inhabilitadas para recibir contratos públicos, según lo que marca la ley.
La Sedesol, sin embargo, se declaró “satisfecha” con los servicios recibidos a cambio de 2 mil 224 millones de pesos y no consideró irregular el sobreprecio que implicó el cobro de más de 220 millones por parte de las universidades a cambio de nada.
Además a la dependencia federal se le “perdió” el 93% de despensas compradas para entregarlas a las familias más pobres de México.
En 2013, Sedesol tenía un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que solo se entregó el 7% de las despensas que supuestamente se habían comprado. Tampoco hay constancia de que los programas y beneficios restantes hayan llegado a los más pobres. De lo único que existe constancia es del pago. Con información de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político
CDMX.- La Secretaría de Desarrollo Social, (Sedesol), entonces encabezada por Rosario Robles, tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos (mdp), para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia creada por el Gobierno federal para combatir la pobreza extrema.
Los apoyos debían llegar a las familias con pobreza alimentaria que, desde abril de 2013, se unirían a la Cruzada y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que solo se entregó el 7% de las despensas que se habían comprado. Tampoco hay constancia de que los programas y beneficios restantes llegaron a los más pobres. Solo hay pruebas de que la Sedesol pagó por los servicios.
El desvío se concretó gracias a la firma de convenios entre Sedesol y las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que sirvieron de intermediarias.
En la Cuenta Pública de 2013 y 2014 se reportaron 10 convenios con esas dos universidades por un monto de 2 mil 224 mdp, que debían destinarse a ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas del País o combatir la pobreza.
Las universidades no dieron ningún servicio y solo se prestaron para la operación, se quedaron con una comisión de 215 millones 446 mil pesos.
Pero el resto del dinero, poco más de dos mil mdp, se lo entregaron a 20 empresas, 19 de ellas con irregularidades por las que deberían estar inhabilitadas para recibir contratos públicos, según lo que marca la ley.
Durante meses, Animal Político y MCCI se dieron a la tarea de visitar las oficinas de esas empresas en seis estados, buscaron a los socios en las direcciones registradas y recabaron información oficial del SAT y la Secretaría de Economía.
La investigación arrojó que los recursos se entregaron a tres empresas “fantasma”, catalogadas así por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2015; otras tres están bajo investigación por el mismo SAT por operaciones irregulares; a seis que no cumplen con un requisito indispensable para operar —el registro ante la Secretaría de Economía—; a una cuya oficina fue desmantelada apenas se recibió el dinero; otra no fue localizada por la ASF —que reportó como domicilio para sus operaciones uno que no corresponde a su sede—; a una que tiene una oficina virtual de la que no existe registro de que pueda realizar servicios; a otra que es un despacho contable sin personal o infraestructura, y a tres más que tienen un objeto social que es completamente distinto al servicio que debían dar.
La Sedesol, sin embargo, se declaró “satisfecha” con los servicios recibidos a cambio de 2 mil 224 mdp y no consideró irregular el sobreprecio que implicó el cobro de más de 220 mdp por parte de las universidades a cambio de nada.
En el proceso participaron 20 empresas y destaca: ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V., que cuenta con un pequeño despacho contable ubicado en la CDMX, y que recibió los recursos destinados a combatir el hambre sin firmar un solo contrato o realizar algún servicio.
ESGER fue creada en 2011 para ofrecer servicios de construcción, según el acta constitutiva con folio 438926-1. Sus oficinas están en un edificio oscuro de la colonia Nápoles, no hay recepcionista ni señal de que sea la sede de una empresa con contratos millonarios.
Los accionistas son Esteban Cervantes, que tenía 25 años cuando fundó la empresa, y el contador público Gerardo Casas. Ninguno fue localizado en tres visitas. Tampoco atendieron llamadas.
También se les buscó en sus domicilios particulares. Esteban Cervantes registró como su casa el domicilio de una empresa llamada RAGER, en la colonia Navidad, en la que en realidad fue empleado en 2013. Ahí declararon que no saben de él. Gerardo Casas asentó como domicilio un edificio en Cuajimalpa, donde los vecinos dijeron que no lo conocían.
De acuerdo con la declaración de impuestos que la empresa realizó ante el SAT en 2013, de la que Animal Político y MCCI tienen copia, ESGER solo declaró ese año ingresos por 408 mdp y reportó gastos por 407 mdp. Pero “olvidó” declarar el dinero que recibió de la Sedesol: 698 mdp.
Una investigación del Órgano Interno de Control, que depende de la SFP federal, dio por concluidas las averiguaciones sobre los contratos de la dependencia con la Universidad del Estado de México, pese a que no existen pruebas de que se hayan dado los servicios.
En ningún caso las firmas de los convenios involucraron a funcionarios de primer nivel. La “contratación” de las universidades se la dejan a mandos medios.
Pero en palabras del auditor superior, Juan Manuel Portal, los titulares de las dependencias son los responsables. En ese periodo, la secretaria de Sedesol era Rosario Robles y el Oficial Mayor, Emilio Zedabúa.
CONCIERTO DE 75 MDP
Otro ejemplo: en abril de 2013, Sedesol firmó con la Universidad Autónoma del Estado de México un primer convenio de 159 mdp con tres objetivos: organizar un concierto, entregar despensas y realizar una feria con organizaciones de la sociedad civil.
La institución educativa contrató a S&C Constructores de Sistemas por 75 mdp. Esa empresa organizó en abril de 2013, en la CDMX el concierto “Compartamos música, erradiquemos el hambre” de la Cruzada contra el Hambre.
S&C Constructores de Sistemas se quedó con 61 mdp y le entregó 14 mdp a ESGER, aunque la ASF determinó que no existe evidencia de que ésta última haya participado en organizar el evento.
Un caso similar ocurrió con las empresas Advanced Computer Knowledge y Dumago Systems Solutions, contratadas por las universidades para un servicio de “redes nutricionales”, es decir, reparto de despensas. Entre las dos en un año firmaron contratos por 101 mdp.
De esos contratos transfirieron 52 mdp a ESGER, aunque no existe constancia documental de los servicios que esta empresa prestó ni la razón de la transferencia.
Cuando se solicitó a la Sedesol constancias de que se dieron los servicios contratados, solo entregó las facturas pagadas a las empresas Advanced Computer y Dumago como “prueba”.
En la dirección de estas dos empresas es imposible hablar con una persona. Los accionistas, encargados de despacho o representantes legales nunca están ahí y los teléfonos están fuera de servicio. Sus actas constitutivas no existen.
HASTA NUEVO LEÓN
Cuatro empresas regiomontanas — Evyena, Comercializadora Integral de Servicios Villaregia, Femexport y Grupo Industrial y Servicios Yafed— participaron en licitaciones o efectuaron trabajos con la Universidad Autónoma de Morelos por 276 mdp.
Una quinta empresa regiomontana, Icalma Servicios y Consultoría, recibió pagos de la Universidad Autónoma del Estado de México por realizar trabajos para Fovissste.
La sede de estas cinco firmas es el mismo despacho en la colonia Palo Alto en San Pedro Garza, Nuevo León, en el número 305.
En una visita de campo, un joven de unos 30 años que se presenta como el encargado de la oficina confirmó que todas las empresas se encuentran en esa dirección. Aseguró que no hay más empleados y los dueños se comunican por teléfono.
En esa dirección están tres empresas más —Constructora Yapo, Comercializadora Rivercruz y Constructora Bofil—, las cuales tienen investigaciones abiertas en Sinaloa, y en Monterrey, Nuevo León, por incumplimiento de contrato.
La oficina que ocupan las ocho empresas no es suficiente para colocar ni siquiera un escritorio pequeño. En horario de oficina la puerta está cerrada y solo se ven cajas con registros contables.
Las cuatro empresas regiomontanas que recibieron recursos de Sedesol, vía la Universidad Autónoma de Morelos, también entregaron dinero a ESGER: 81% de los 276 mdp que recibieron en contratos.
Todas esas transferencias fueron detectadas por la ASF durante los peritajes que se realizaron durante las auditorías forenses. Se revisaron las cuentas y las transferencias de las empresas involucradas en las presuntas irregularidades.
SIN REGISTROS Y SIN INVESTIGACIÓN
Todos los convenios que firmó Sedesol con las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México derivaron en distintas operaciones para desviar recursos.
Para un servicio de evaluación de actividades, la Autónoma de Morelos lanzó en 2014 una licitación para contratar proveedor. Solo concursaron dos empresas: Grupo Industrial Yafed y Consolidación de Servicios y Sistemas Administrativos (Consersa). La primera es una empresa “fantasma” y la segunda, que resultó ganadora, es investigada por el SAT por operaciones ilegales.
El 9 de octubre de 2014, la misma universidad entregó 158 mdp a Consolidación de Servicios. Un día después, ésta transfirió el 87% del dinero a otra empresa, Comercializadora Integral de Productos Villaregia, que también es investigada por el SAT desde septiembre 2016. Ésta última compañía, a su vez, le entregó 138 mdp a ESGER sin si- quiera firmar un contrato. Se hacían las transferencias, pero se incumplía con los servicios.
Por ejemplo, la Sedesol pagó 22 mdp por “un sistema de administración y seguimiento a los programas sociales con reglas de operación del Gobierno federal” que, según el convenio, debía tener un padrón de beneficiarios unificado.
Lo que se entregó fue un sistema que incluyó solo el padrón del Programa de apoyo comunitario y no el de los 70 programas sociales restantes del Gobierno federal. Sin embargo, la Sedesol argumentó que el sistema funcionó al momento de la entrega.
A pesar de que ESGER obtuvo transferencias millonarias y que fue señalada dos años consecutivos por la ASF, no ha sido investigada por el SAT ni por ninguna otra autoridad del País.
Aunque los convenios con las universidades fueron firmados por mandos medios, tanto la titular de la dependencia como el oficial mayor debían conocer de prácticas de desvío, según dice el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal. “Ellos no firman, pero son los responsables”.
En este esquema, el oficial mayor es una figura clave: se trata del administrador de los recursos públicos y quien avala cómo se usan. En el caso de la Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles, Emilio Zebadúa ocupó dicho cargo.
Ante el Órgano Interno de control la Sedesol defendió en todos los expedientes el papel del oficial mayor. Jurídicamente argumentaron que las universidades presentaron los entregables suficientes para justificar el pago.
Así como lo hizo Sedesol, en la estafa con universidades públicas también participó Pemex: 3 mil 576 mdp. Animal Políticos y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
215 MILLONES 446 mil pesos obtuvieron dos universidades sin dar ningún servicio. 2 MIL MDP entregaron las universidades a 19 empresas “fantasma”.