Corrupción: agravios sobre los agravios
La corrupción es un mal que agravia a la sociedad desde hace mucho tiempo y quizá por ello los mexicanos hemos aprendido a tolerarla, aunque sólo a cambio de que su existencia implique —al mismo tiempo— la realización de obras materiales que redunden en “beneficio colectivo”.
Las comillas son, desde luego, inevitables, pues nada benéfico puede haber en el hecho de que quienes tienen a su cargo las instituciones públicas se beneficien ilegalmente de la responsabilidad que ostentan.
Pero ciertamente existen formas de corrupción que son particularmente deleznables porque, además de perseguir un beneficio material para quienes las practican, aprovechan las circunstancias de los más desprotegidos o de los más vulnerables.
Un buen ejemplo de ello pareciera ser el descubrimiento que ha realizado la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), cuyos integrantes analizaron los contratos otorgados por distintas instancias del Gobierno federal, durante 2012 y 2013, utilizando como “intermediarias” a varias universidades públicas del País.
Como se ha informado, ocho universidades públicas mexicanas habrían recibido contratos por alrededor de 3 mil 400 millones de pesos, durante el periodo señalado, para proveer bienes o servicios al sector público y para lo cual habrían recurrido a 186 empresas privadas a las cuales “subcontrataron” para hacerse cargo de los compromisos contractuales.
De acuerdo con la misma investigación, alrededor de 2 mil 200 millones de pesos de la suma anterior habrían correspondido a contratos otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social a dos universidad públicas —la Autónoma de Morelos y la Autónoma del Estado de México— para la realización de acciones relacionadas con el combate a la pobreza.
La investigación de MCCI pareciera demostrar que, además de la búsqueda de ganancias ilegales, quienes han construido los circuitos de corrupción en el sector público perdieron todo escrúpulo, pues no dudan en buscar su beneficio incluso si ello ocurre a costa de los individuos más pobres.
Una vez más es indispensable señalar que si tales hechos ocurren mientras en México se registra una aparente “cruzada” contra la corrupción, significada por la creación de una gigantesca estructura gubernamental teóricamente orientada a combatirla, a nadie debe extrañarle que amplios sectores de la sociedad se manifiestes escépticos de la honestidad de tales esfuerzos.
En este sentido resulta indispensable que las autoridades responsables de investigar y perseguir delitos realicen una investigación exhaustiva y pulcra de los hechos que se han denunciado, a fin de que puedan deslindarse las responsabilidades a que haya lugar en este caso y se castigue a quienes hubieran incurrido en actos de corrupción.
Si no se hace tal, la sociedad mexicana quedará inmunizada ante cualquier esfuerzo por revertir las prácticas de corrupción y los niveles de impunidad que han caracterizado largamente la actuación del sector público en México y quedaremos condenados entonces a vivir en el territorio de la ilegalidad.
La investigación de MCCI parece demostrar que quienes han construido los circuitos de corrupción en el sector público perdieron todo escrúpulo