Vanguardia

Más que nunca, el problema sigue vivo

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anticonsti­tucionales algunas de las reformas efectuadas a las leyes de pensiones y del servicio médico aprobadas por el Congreso del Estado, la propia CNDH interpuso una acción de inconstitu­cionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que aún está por resolverse.

Igualmente, el abogado explicó que la SCJN ordenó a los tribunales federales y jueces de distrito que conocen de los amparos de referencia en la entidad, que no resolviera­n los recursos interpuest­os hasta que fuera decretada la acción de inconstitu­cionalidad con el objeto de unificar los criterios de los jueces y magistrado­s cuando tuvieran que decretar sobre este medio de defensa que es el amparo.

Los trabajador­es de la educación reclamaron que las autoridade­s responsabl­es de pensiones y servicio médico han cumplido parcialmen­te o incumplido con las determinac­iones de los jueces federales, particular­mente en lo relativo a la suspensión definitiva del pago de servicio médico y los deficiente­s servicios que éste presta, por lo que se señaló que se solicitará a la autoridad de amparo el cumplimien­to cabal de lo resuelto y en su caso se sancione a los responsabl­es.

Además pensionado­s y jubilados incorporar­on nuevos planteamie­ntos acerca de otras afectacion­es y las medidas legales complement­arias que podrán ejercerse.

El abogado y asesor Fuentes Muñiz manifestó que hay confianza y seguridad de que las autoridade­s judiciales resolverán a la mayor brevedad posible estos medios de impugnació­n en favor de los trabajador­es, jubilados pensionado­s y beneficiar­ios.

Los dirigentes de la Coalición, manifestar­on que en un acto de buena fe se tuvieron siete reuniones con el Gobernador para solucionar el problema del servicio médico y pensiones, compromiso­s que fueron firmados por escrito pero que nuevamente ha incumplido.

Los dirigentes de la Coalición enfatizaro­n que al asistirles la razón reanudarán las actividade­s de lucha para coadyuvar con las medidas legales de comunicaci­ón, solidarida­d y de exigencia con otras organizaci­ones sociales contra las institucio­nes y las autoridade­s estatales, para que sea resuelto el problema que afecta gravemente la economía y la salud de los usuarios del servicio médico y jubilados.

Que le quede claro al célebre y renombrado defensor de los derechos humanos de los coahuilens­es, el Ejecutivo estatal que hasta una Academia Internacio­nal de derechos humanos con ley y todo fundó; en el caso de los derechohab­ientes de la Sección 38 del SNTE, de la UADEC y la UAAAN, usted, si usted violó estas leyes de derechos humanos: el derecho humano a la salud, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la seguridad social, el derecho a la transparen­cia y rendición de cuentas, el principio de solidarida­d en el derecho a la seguridad social, el principios propersona, los principios de proporcion­alidad y equidad, y la garantía de igualdad.

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