IEC: ¿hace cosas ‘buenas’ que parecen ‘malas’?
Uno de los más graves problemas que enfrentan las autoridades –de todos los órdenes de Gobierno y de todos los orígenes ideológicos– es la desconfianza de los ciudadanos. Largamente alimentada por funcionarios públicos cuya actuación se ha dado de espaldas a los intereses ciudadanos, la desconfianza es hoy el signo distintivo de la actitud ciudadana hacia el Gobierno.
El mayor problema con ello es que, a pesar de ser evidente la crispación social provocada por la desconfianza, nuestros funcionarios públicos parecieran ser incapaces de asumir tal realidad y considerar, a partir de ella, la necesidad de mudar el estilo de hacer las cosas.
Una buena muestra de esta realidad es el acuerdo que ayer adoptó el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información a fin de ordenarle –y ése es el término correcto– al Instituto Electoral de Coahuila que entregue a un ciudadano una información que originalmente le negó.
¿Qué solicitó el ciudadano? ¿Acaso pidió que se le revelara algún dato cuya difusión pública podría poner en riesgo alguno de los principios que rigen la función electoral? ¿Pidió conocer algún “candado” contenido en las boletas electorales o un mecanismo de seguridad en el Programa de Resultados Electorales Preliminares?
No. Lo que el ciudadano solicitó fue la relación de contratos que el órgano comicial ha firmado para pagar los servicios de individuos bajo los conceptos de servicios profesionales, honorarios y asesorías, el período de vigencia de dichos contratos y el monto de los mismos.
Pero en lugar de entregar la información solicitada, que prácticamente cualquier persona – incluso las no especializadas– podría fácilmente deducir que es pública, el Instituto Electoral decidió declararla “reservada”, es decir, incorporarla al catálogo de datos que los ciudadanos no tenemos derecho a conocer.
Dos cosas habría que decir en torno a esta extraña decisión del IEC que el ICAI revocó ayer:
La primera es que, más allá del error implicado en tal decisión, en el IEC parecieran no entender que se trata de una institución que se encuentra “en el ojo del huracán” porque los ciudadanos han decidido –justa o injustamente– no concederle credibilidad a sus actos.
La segunda –y quizás más importante que la primera– es que resulta sumamente extraño que en el IEC se adopten este tipo de decisiones cuando su presidenta, Gabriela de León Farías, fue funcionaria del ICAI, es decir, que una de sus cartas de presentación frente a la sociedad coahuilenses sería su “experiencia” en materia de transparencia.
La lectura política que esta decisión tendrá no será benéfica para el órgano electoral, desde luego. Y menos lo será si, cuando entregue la información que inicialmente pretendió ocultar, resulta que había buenas razones para tratar de enviar dicha información “a lo oscurito”.
Pero incluso si no hubiera nada de reprochable en la información que se ha pretendido ocultar –y que ahora todos queremos conocer–, el IEC no saldrá bien librado de ésta, porque entonces todo mundo se preguntará para qué anda tratando de hacer cosas “buenas” que parecen “malas”.
Incluso si no hubiera nada de reprochable en la información que se ha pretendido ocultar, la lectura política que esta decisión tendrá no será benéfica para el órgano electoral