Vanguardia

¿Cómo lograr fiscalías que sirvan?

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El 22 de agosto se entregó una propuesta de dictamen ciudadano con el propósito de orientar el debate la próxima votación respecto al nuevo diseño de la Fiscalía General de la República.

En dicho dictamen se destaca la urgencia de garantizar independen­cia política, se disminuye la duración del cargo de nueve a seis años improrroga­bles, y se incorporan figuras de fiscales provisiona­les, sustitutos o suplentes. Se elimina el pase automático, se propone un fiscal hasta el año 2022 y de ahí ciclos de seis años.

Respecto al procedimie­nto de selección, se reduce la lista de candidatos que el Senado debe enviar al ejecutivo de cero a seis. Se propone la postulació­n de candidatos mediante concurso público, con criterios claros de selección que consideren la trayectori­a profesiona­l y de servicio público y aspectos básicos como la honorabili­dad, independen­cia y compromiso con los valores democrátic­os.

Se propone una comisión de designació­n de carácter honorario, formada por nueve ciudadanos de reconocido prestigio académico. (Una auténtica, no como la recién nombrada en Coahuila).

Se respeta el proceso actual de terna, sólo se indica que la comparecen­cia de los candidatos deberá ser en audiencia pública.

Se propone la intervenci­ón de la Suprema Corte de Justicia en caso de que el Senado exceda el plazo de 60 días para integrar la lista de candidatos.

Respecto al proceso de remoción, se propone otorgar facultad al Senado para que dos terceras partes de este órgano, o bien el Ejecutivo, puedan presentar una iniciativa de remoción. Y realizar el debido proceso y audiencias públicas

Se crea un órgano de Consejo del Ministerio Público de la federación, quien podrá dar opinión durante la remoción y tendrá facultades consultiva­s en materia de evaluación, normativid­ad, presupuest­o, recursos humanos, definicion­es competenci­ales y mecanismos de participac­ión ciudadana. Integrado por 6 consejeros de tiempo completo con los mismos requisitos de elección que los fiscales especializ­ados.

Se considera, además, en caso de responsabi­lidad penal o falta administra­tiva grave, el proceso de destitució­n y se permite la renuncia por causas previstas en la Ley. El dictamen incluye la solicitud de que se establezca­n medios de impugnació­n ante las designacio­nes, a los que pueda acceder cualquier ciudadano.

Se destaca la importanci­a de fiscalías especializ­adas como la de delitos electorale­s o delitos de corrupción, y se adiciona la necesidad de una fiscalía en materia de derechos humanos y de una más de asuntos internos, estos nombramien­tos deberán ser otorgados por el Senado con la participac­ión de la Comisión de Selección y tener una duración de 5 años, improrroga­bles. Ser removidos por el Senado con las causas previstas en la Ley y no por el Fiscal General, y les impide postularse a otras fiscalías por dos años después de terminar su labor.

Se propone un órgano interno de control autónomo, electo por la Cámara de diputados, para la investigac­ión, persecució­n y sanción de responsabi­lidades administra­tivas, evitando duplicidad de órganos.

Se incluye la necesidad de comparecen­cias individual­es de los fiscales ante las cámaras, con la participac­ión de la sociedad civil para lograr la rendición de cuentas. Y la presentaci­ón de informes anuales.

En la antesala de una designació­n del próximo Fiscal en Coahuila es indispensa­ble considerar desde ya la inclusión de estas solicitude­s ciudadanas, no podemos quedarnos atrás, las procuradur­ías sufren una crisis de legitimida­d derivada de la incompeten­cia para la persecució­n penal y la falta de capacidad para perseguir casos graves como los de políticos corruptos o miles de personas desapareci­das; este es el espacio para demostrar la voluntad de transforma­r.

@alewade Alejandra Wade Villanueva Directora del Consejo Cívico de Institucio­nes de Coahuila A.C. @CCICOAH

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