¿Van a renunciar los partidos a sus prerrogativas?
Una de las propuestas que con mayor profusión se han compartido en las últimas horas, a propósito de la emergencia que vive el País derivada de las catástrofes naturales de los días recientes, es la posibilidad de que los partidos políticos renuncien a los miles de millones de pesos que por concepto de prerrogativas debemos entregarles los contribuyentes.
Una propuesta, subida a la plataforma “change.org”, planteó en primera instancia que el Instituto Nacional Electoral “donara” los casi 7 mil millones de pesos que tiene presupuestados como prerrogativas para los partidos políticos el próximo año, a las miles de familias damnificadas por los sismos que han afectado una decena de entidades del País. A partir de allí, una marejada de apoyo se ha sumado a la propuesta.
En el afán de sonar “políticamente correctos”, dirigentes y simpatizantes de distintas fuerzas políticas se han manifestado a favor de la iniciativa, e incluso algunos partidos –como el PRI– le han puesto números a la “apuesta”, señalando que “renuncian a sus prerrogativas” y definiendo un monto concreto de recursos de cuya recepción se abstendrían para conformar un fondo de reconstrucción nacional.
El presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, salió ayer a señalar que ha sostenido reuniones con dirigentes y representantes de los partidos ante dicho órgano electoral y que todos, “sin excepción” manifestaron “disposición” para apoyar la medida.
A partir de este señalamiento parecería inevitable considerar que se trata de un hecho que al menos una parte de las prerrogativas de los partidos serán utilizadas en algo útil: apoyar a las miles de familias que han quedado en el desamparo debido a los sismos que han azotado al País.
Habríamos de ser cautos, sin embargo, antes de echar las campanas al vuelo y creer que, en efecto, los miembros de nuestra clase política se han sensibilizado frente a la tragedia y están genuinamente dispuestos a renunciar a parte del dinero que ellos mismos se han “recetado” al diseñar la normatividad que determina la bolsa a repartirse entre los partidos.
Haría falta ser ingenuos para creer que, más allá de los discursos, los dirigentes y candidatos de los partidos realmente se sienten “abochornados” por la cantidad de dinero que de nuestros impuestos se les entrega anualmente para el financiamiento de sus actividades, pues si ello fuera cierto, lo que deberían hacer realmente es convocar a una sesión extraordinaria del Congreso de la Unión para modificar la Ley y reducir sus prerrogativas.
Por ello, la más elemental prudencia aconseja que no festejemos anticipadamente, sino hasta que veamos concretarse la reducción de los montos que la Ley determina entregar a los partidos para que hagan campañas que sólo defraudan la confianza ciudadana.
Y si el asunto es en serio, y los partidos pueden vivir con menos dinero del que se han autoasignado hasta ahora, pues de una vez que renuncien a éste de forma permanente y lo destinen a cosas realmente útiles.
La prudencia aconseja que no festejemos anticipadamente, sino hasta que veamos concretarse la reducción de los montos que la Ley determina entregar a los partidos