Coahuila, tercero con menor tasa de prevalencia delictiva
| ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA El año anterior ocupaba el treceavo lugar COMPARATIVOS > > > > >
Los principales resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017, indican que Coahuila ocupó el tercer lugar nacional con la menor tasa de prevalencia delictiva; en 2016 ocupaba el treceavo sitio.
La anterior mide el total de víctimas de delito, entre la población de 18 años y más, por cada 100 mil habitantes.
También se menciona que el Estado ocupa el noveno lugar a nivel nacional con una tasa menor de incidencia delictiva, la cual mide el total de delitos entre la población de 18 años y más, por cada 100 mil habitantes.
En este aspecto, en 2016 ubicaba en el décimo lugar.
La diferencia entre prevalencia delictiva y la incidencia delictiva es que, el primer término, se refiere al número de víctimas, y el segundo término se refiere al número de delitos. se
También ocupó el décimo lugar nacional con la menor cifra negra, la cual mide los delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa. En 2016 se ubicaba en el doceavo lugar.
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
Ocupó el quinto lugar a nivel nacional 2017: Noveno sitio en 2017: Décimo lugar nacional 2017: Quinto lugar con La encuesta no mide con la menor percepción de inseguridad, entre la población de 18 años y más. En 2016 ocupaba el octavo lugar.
Dentro del texto, también se indica que la encuesta no mide el lavado de dinero, el tráfico de drogas, de armas o de personas
“Las encuestas de victimización, a pesar de su enorme valor para proporcionar información sobre la victimización de personas, hogares o empresas del sector privado, no permiten medir delitos en los que no hay una víctima directa o donde la víctima no es una persona (delitos sin víctima identificable), tales como el lavado de dinero, el tráfico de drogas, de armas o de personas, entre otros”. Aunque actualmente en el país ya contamos con marcos normativos para el acceso a la información pública que han significado un avance para que los ciudadanos podamos conocer a detalle cómo es que se aplican los recursos públicos, todavía falta mucho para que la totalidad de los ciudadanos podamos ejercer este derecho.
Desde el 28 de septiembre de 2002, activistas de la libertad de información, provenientes de 15 países reunidos en Sofía, Bulgaria, acordaron declarar esa fecha como Día Internacional del Derecho a Saber.
Un año antes había aprobado en México la primera ley de transparencia y acceso a la información pública, iniciando un intenso proceso legislativo en la materia que ha derivado en reformas constitucionales, en la creación de una ley general y en mejores leyes en todo el país.
Leonor Gómez Barreiro, coordinadora nacional de México Infórmate, opinó que a nivel federal todavía hay mucho que trabajar, pues aún no se ha logrado que este derecho permee en los distintos extractos de la sociedad. Por ahora, sólo un pequeño grupo de ciudadanos como periodistas, académicos e investigadores hacen uso de las herramientas.
Algunas de las propuestas que desde la sociedad civil se plantean son que, en coordinación, las mismas asociaciones que han trabajado por el acceso a la información, los órganos garantes de la transparencia y el Gobierno, realicen acciones para que este derecho sea conocido y sea ejercido por los sectores de la población como comunidades vulnerables o que trabajan otro tipo de temas que no necesariamente tienen que ver con política.
El reto, consideró Gómez Barreiro, es que todo ciudadano sepa, por ejemplo, cómo realizar una solicitud de información y que obtenga sin problema.
“El gran reto, me parece, es que los gobiernos de todos los niveles deben entender que el ciudadano tiene derecho a contar con esa información. Tiene que haber mucha voluntad política porque ya existen marcos legales. La normativa ahí está y deben saber cómo se aplica y se implementa esa normativa”, expuso.
Otro reto que debe superarse es que las resoluciones por parte de los órganos garantes de la transparencia de todos los estados y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) a nivel nacional, favorezcan la posición de los ciudadanos y no encubran la opacidad de los gobiernos.
En ese sentido, se han puesto a debate varios temas de interés público que se han considerados como reservados, pero una minoría de los consejeros de los órganos garantes tienen la sensibilidad para transparentar temas que deben darse a conocer a la ciudadanía.
Las herramientas digitales han facilitado que el acceso a la información sea de forma más rápida y oportuna, sin embargo, los gobiernos deben hacer que las páginas de internet sean más accesibles para la comprensión de cualquier ciudadano y también se encuentre la forma de trabajar con las personas que no tienen acceso a estas herramientas, dijo Gómez.