Debate postelectoral: otra ola de especulación

Una de las dos partes terminará teniendo la razón. Y sin duda repetirá un ‘se los dije’ con el cual tratará de convencernos de que cuenta con mejores abogados.

Los rumores inundaron el ambiente en las últimas 48 horas: por un lado, se ventilaron datos de un presunto proyecto de sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; por el otro, circuló información sobre un proyecto de dictamen del Instituto Nacional Electoral. Ambos hecho relacionados, por supuesto, con la pasada elección de Gobernador en Coahuila. La información, contrapuesta como ha sido desde el principio, se incorporó de inmediato al arsenal que unos y otros han venido utilizando desde hace ya casi cuatro meses para defender su posición: que se anulará la elección, insisten los unos; que prevalecerá el resultado avalado por el IEC, refutan los otros.

Las preguntas se repiten una vez más, como se han repetido miles de veces ya desde que comenzó esta discusión: ¿cuál de las dos partes tiene la razón?, ¿es posible adelantar el resultado final a partir de las decisiones que se perfilan en los dos principales órganos de nuestro sistema electoral?

Y la respuesta sigue siendo la misma: lo único cierto en torno a la polémica postelectoral de Coahuila sigue siendo la incertidumbre, pues lo que se estaría resolviendo —en caso de que los plenos del TEPJF y el INE ratifiquen los proyectos circulados en sus términos– es sólo una parte de la compleja disputa jurídica que envuelve el resultado comicial.

Por un lado, la resolución del Tribunal Electoral implicaría que el INE deba “rehacer” algunas de las cosas sobre las que ya dictaminó anteriormente en relación con la fiscalización de los gastos de campaña; por el otro, la resolución del INE provocaría un nuevo juicio, pues seguramente todos tratarán de evitar las multas que implica el rebase de topes de gasto.

En este sentido, vale la pena recordar que los tribunales electorales mexicanos no tienen un plazo para resolver las controversias y que la única frontera temporal que la ley les impone es la toma de protesta de las autoridades electas. Al respecto vale la pena recordar lo ocurrido con la elección del Estado de México, en la cual el Tribunal Electoral resolvió las impugnaciones un día antes de la toma de protesta del hoy gobernador Constitucional de aquella entidad, Alfredo del Mazo.

¿Qué implica eso en el caso de Coahuila? Que la Sala Superior del TEPJF puede terminar de resolver las impugnaciones de esta elección incluso el último día de noviembre y que sería necesario, en todo caso, esperar hasta ese momento para conocer el desenlace de la historia.

¿Éste puede implicar la anulación de la elección? La respuesta es sí, pero necesariamente debe decirse que también puede implicar la confirmación del resultado y eso no es posible “vaticinarlo” desde ahora, por mucho que estiremos la especulación y las interpretaciones relativas a la implicación ulterior de las resoluciones que se perfilan en las próximas horas.

Una de las dos partes terminará teniendo la razón al final, desde luego. Y sin duda repetirá incesantemente un “se los dije” con el cual tratará de convencernos de que cuenta con mejores abogados y tiene mejores capacidades de análisis y por ello debemos creerle la próxima vez que estemos ante una circunstancia similar.

Pero nadie sabe hoy cuál de las dos partes podrá corear la frase.