Elección 2017: sólo un poco más cerca del fin

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral convirtieron ayer en resoluciones formales las especulaciones que inundaron el espacio el martes pasado: de un lado, se revocó el criterio con el cual se habían sumado gastos a la campaña de Miguel Riquelme y del otro se le sumaron nuevas cantidades producto de la conclusión del procedimiento oficioso con el cual se revisó el pago a representantes de casilla el día de la jornada electoral.

En el primer caso, el relativo a la resolución de la Sala Superior del TEPJF, estamos ya ante una cosa juzgada, es decir, aquellos gastos que, de acuerdo con el criterio del Tribunal, fueron indebidamente adjudicados a la campaña del candidato de la Coalición por un Coahuila Seguro ya no podrán ser ajustados ni reconsiderados porque se trata de la última instancia a la cual pueden recurrir los partidos.

En el segundo caso, el relativo a la decisión adoptada por el Consejo General del INE, estamos ante una resolución administrativa que seguramente será combatida en los tribunales no solamente por el PRI, sino por todos los partidos a los cuales se les incrementó el monto del gasto de campaña y ello derivó en la imposición de multas.

Las resoluciones de ayer, vale la pena reiterar, no zanjan aún la disputa postelectoral de Coahuila, aunque sí la colocan un poco más cerca de su desenlace final porque comienzan a despejarse incógnitas en torno a las causales que se han planteado para solicitar la nulidad de los comicios.

Con la sentencia de ayer del Tribunal Electoral, el tema de la fiscalización de los gastos de campaña queda casi zanjado, pero aún resta esperar a que se resuelva lo relativo a los presuntos pagos realizados a representantes de casilla, así como algunas quejas interpuestas por la presunta realización de gastos no reportados.

Pero el presunto rebase de los topes de gasto, conviene recordar, no es el único elemento de la impugnación presentada en contra de la declaración de validez de la elección y, en este caso, el recurso ni siquiera ha sido resuelto por el Tribunal Electoral de Coahuila, por lo que todavía le queda un tramo importante que recorrer para llegar a la sentencia definitiva.

Todo esto quiere decir que la “guerra de declaraciones” se mantendrá y que unos y otros seguirán intentando convencernos de que no existe posibilidad alguna de que el fallo les sea adverso, porque han aportado toneladas de evidencia que demuestra de forma contundente sus dichos.

Al respecto, vale la pena insistir en que no se puede “vaticinar” el resultado final a partir de los elementos que se encuentran en la discusión pública y que serán los tribunales los que diriman esta controversia en definitiva.

Lo que sí parece posible adelantar es que, una vez resuelta la mayor parte de la controversia relativa al rebase de topes de gastos de campaña, las múltiples resoluciones que deben darse en torno al conflicto postelectoral coahuilense deberán comenzar a aparecer a una mayor velocidad.

Las resoluciones de ayer no zanjan aún la disputa postelectoral, aunque la colocan más cerca de su desenlace porque comienzan a despejarse incógnitas sobre las causales de nulidad