¿Nos convertimos en una sociedad de cínicos?
La corrupción, como atributo omnipresente de la actividad pública en México, representa un motivo de agravio para los miembros de la sociedad. Pero no es solamente por el hecho mismo de que ocurran actos de corrupción, sino por algunas de sus características más visibles e indeseables.
Una de estas características es la impunidad. Y la impunidad agravia más a la sociedad porque, una vez puesto al descubierto el acto de corrupción uno esperaría que el “estado de derecho” —en el que se supone vivimos— operara a favor de la mayoría y no para proteger a quien se benefició indebidamente de su paso por el organigrama oficial.
Pero ésta no es la peor de las realidades, por desgracia. Aún después de la impunidad existe un hecho capaz de incrementar el nivel del agravio: que quien ha sido descubierto en falta, pero ha logrado escapar a la acción de la justicia, pretenda burlarse de la comunidad “saltando” a un cargo público desde el cual, presuntamente, tendría que “luchar” para combatir y erradicar los actos de que se le acusan.
Cuando tal hecho ocurre, la comunidad no puede menos que unir sus voces para expresar indignación y manifestarse absolutamente escéptica de la actividad gubernamental.
El comentario viene al caso a propósito del reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo a la postulación, como “candidato” a comisionado del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, de Héctor Armando Alvear Alvarado, exoficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia en la época en la cual dicho órgano público se dedicó a “apostar” ilegalmente el dinero que había en sus arcas en la malograda financiera Ficrea.
Como se ha documentado hasta la saciedad, durante la administración del aún magistrado Gregorio Pérez Mata, el TSJ de Coahuila “invirtió” en Ficrea 126 millones de pesos del Fondo de Mejoramiento para la Administración de la Justicia, dinero que se perdió cuando la empresa fue intervenida por las autoridades hacendarias del país y sometida a un proceso de liquidación.
¿Con cuáles credenciales puede presentarse una persona como Alvear Alvarado para formar parte del órgano garante del derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública, si fue gracias a la opacidad con la cual se condujo en su anterior empleo como logró evadir el castigo que merecía?
¿Es posible creer que un ex funcionario, cuya tarea consistió en ocultar la información del millonario fraude cometido en contra de los intereses colectivos, ahora sería un dedicado defensor del derecho de acceso a la información de los coahuilenses?
Difícil utilizar un adjetivo distinto al cinismo para calificar la actitud de quien, por acción o por omisión, es responsable de que los ciudadanos debamos pagar de nuestros bolsillos la millonaria suma que ilegalmente se “invirtió” en la fallida financiera.
La gran pregunta, desde luego, es si la Legislatura de Coahuila le apostará a la corta memoria de la comunidad y “premiará” a un funcionario opaco y deshonesto, poniéndolo a cargo de mantener encendidas las luces alrededor de la actividad pública del Estado.
El exoficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia se dedicó a ‘apostar’ ilegalmente el dinero que había en sus arcas en la malograda financiera Ficrea.