Coahuila: 50 días para la transición
En medio de la tensión postelectoral que envuelve a Coahuila desde la noche del 4 de junio pasado, una cosa es absolutamente cierta: el primer día de diciembre próximo el Poder Ejecutivo de Coahuila deberá tener un nuevo titular, pues a las cero horas de ese día se habrá agotado el mandato que Rubén Moreira Valdez obtuvo en las urnas hace seis años.
Aunque si bien la incertidumbre es real, debido a la existencia de múltiples recursos judiciales –e incluso algunos de carácter administrativo– que aún están pendientes de resolución, las opciones de lo que puede ocurrir el 1 de diciembre sólo son dos y ambas deben ocurrir ante el pleno de la Legislatura Estatal: o Miguel Ángel Riquelme asume la gubernatura, o el Congreso estatal designa a un mandatario interino.
Faltan sólo 50 días –menos de dos meses– para que se registre la transición en el Estado y ello implica que la incertidumbre debe analizarse teniendo en cuenta las repercusiones prácticas que puede tener para Coahuila el hecho de que el proceso de transición actualmente en marcha, entre el Gobernador Constitucional y el Electo, no se concretara por decisión judicial.
Lo anterior es particularmente importante si tenemos en cuenta que, en condiciones “normales”, las transiciones suelen implicar que el relevo de mandos en el sector público implica que las acciones gubernamentales caigan en un “bache” en el que múltiples procesos se detienen porque los nuevos titulares de las dependencias pasan por un “período de adaptación”.
En la edición de hoy publicamos un reporte periodístico que da cuenta de las acciones con las cuales la actual administración está planeando cerrar el sexenio y que implican poner en marcha importantes proyectos como el Hospital Materno Infantil, el Centro Oncológico de la Región Sureste “Carlos Chavarría Delgado”, la carretera San Pedro-cuatro Ciénegas y el Cuartel Militar de San Pedro de las Colonia.
No es nada nuevo, desde luego, que una administración –municipal, estatal o federal– cierre “a tambor batiente” su período gubernamental. Lo deseable sería que el ritmo no se detuviera por el hecho de que esta le pase la estafeta a la siguiente administración.
¿Cómo lograr que, sea en condiciones “normales” o a partir de un fallo judicial que obligue a la realización de nuevos comicios, el ritmo de trabajo del Gobierno se mantenga?
La respuesta que se antoja más lógica es que el período comprendido entre el día de la jornada electoral y la toma de protesta de la siguiente administración se acorte, o que las autoridades administrativas y jurisdiccionales, que deben resolver sobre la legalidad de los comicios, tengan plazos más cortos para tomar decisiones, mismos que no impliquen, como ocurre actualmente, la posibilidad de que la resolución final se registre incluso un día antes de que la nueva administración deba iniciar funciones.
En este sentido resulta deseable que la experiencia actualmente vivida en Coahuila –y que se vivió también en el Estado de México– sirva para iniciar una discusión seria al respecto de que se traduzca en modificaciones legales que reduzcan los actuales períodos de incertidumbre.
Resulta deseable que la experiencia actualmente vivida en Coahuila se traduzca en modificaciones legales que reduzcan los actuales períodos de incertidumbre