De la política salarial para los integrantes del SEA Coahuila
La corrupción es uno de los problemas que más preocupan a la sociedad. Esta preocupación ha llevado a diversas organizaciones de la sociedad y ciudadanos a impulsar la creación de nuevas leyes e instituciones para combatir tal flagelo.
Esto originó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que entró en vigor el 18 de julio 2016. Este Sistema busca coordinar a las autoridades responsables de la prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción y faltas administrativas.
Coahuila, mediante la correspondiente Ley del 14 julio 2017, ha iniciado la construcción del Sistema Estatal que habrá de coordinar a las autoridades de todos los entes públicos del Estado en materia de corrupción.
El Comité Coordinador del SEA estará integrado por los titulares de la Auditoria Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, la Secretaría responsable del Control Interno del Ejecutivo Estatal; por el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, el Presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información; así como por un representante del Consejo de la Judicatura y otro del Consejo de Participación Ciudadana y un secretario Técnico.
El CPC, por su naturaleza como órgano representado por ciudadanas y ciudadanos, tiene una enorme responsabilidad en la compleja tarea de construir un sistema capaz de ganar la confianza y reconocimiento de la sociedad.
Un primer paso en este sentido se podrá dar en fijar una política para la determinación de los sueldos y prestaciones de los integrantes de las nuevas instituciones que se están creando por la Ley del SEA.
Son muchos los nuevos cargos que la Ley ha creado, ello representa una oportunidad extraordinaria para atender un aspecto de la vida pública que genera molestia en la sociedad y que tiene que ver con los sueldos y prestaciones de los funcionarios públicos.
Hay pocas decisiones públicas que generan tal rechazo ciudadano como cuando una nueva administración municipal, al inicio de su responsabilidad, decide en el cabildo respectivo, y usualmente por unanimidad, autofijarse los sueldos y prestaciones que van a devengar durante su encargo. Basta recordar el rechazo generalizado que mereció la decisión del Congreso de la Unión, a fines del año pasado, cuando se otorgaron un cuantioso bono navideño.
La escasa regulación de los sueldos y prestaciones de los funcionarios públicos ha generado una gran distorsión al comparar lo que obtienen dichos servidores respecto a lo que amplios grupos de ciudadanos perciben por su trabajo. Así, tenemos cabildos de municipios que perciben sueldos y prestaciones que sobrepasan los del habitante promedio de esos municipios; problemas similares se observan con las remuneraciones de los integrantes de muchos de los congresos estatales y el federal, o de los poderes judiciales locales y el federal, o de los órganos autónomos constitucionales.
Esta distorsión no sólo produce enojo social, sino que alienta la participación en el servicio público, más por el interés económico que por una real vocación de servir a los demás, en detrimento del servicio prestado y la credibilidad de las instituciones.
Una propuesta de acción a corto plazo, que puede llevar a cabo el CPC para fortalecer la credibilidad ciudadana, es proponer una política salarial para los integrantes del SEA, que dé respuesta a los problemas arriba mencionados. Los principios que pueden regular este proceso deben incluir los de objetividad, racionalidad, autocontención e imparcialidad.
Para ello sería necesaria la prohibición del autobeneficio, que en ningún caso pueda quien va a recibir dicho sueldo, participar en el proceso de fijarlo o autorizarlo.
Esto implicaría que para la determinación de la remuneración máxima que corresponda en el servicio público para cada cargo, comisión o prestación de servicios personales de cualquier naturaleza se debe tomar en cuenta, por lo menos: el nivel de responsabilidad que conlleva el ejercicio de la función; las condiciones socioeconómicas de la entidad o municipio en que se han de pagar las remuneraciones, ya sea en efectivo o en especie; y, cuando exista, la regulación del servicio civil de carrera respectivo.
Esta propuesta pretende responder al reclamo ciudadano sobre las altas remuneraciones de los órganos de Gobierno o autónomos, donde el beneficio propio rebasa por mucho al de la sociedad en general.
Dado que un ordenamiento legal de la naturaleza aquí propuesta puede tomar tiempo, se sugiere que al menos se designe e incorpore la opinión de un cuerpo ad hoc, integrado por un grupo de responsables de las funciones de recursos humanos de las principales empresas del Estado, para fijar los sueldos de esta primera camada de integrantes del CPC y demás órganos del SEA.
Sería un buen inicio.