Sanciones a funcionarios pagarían campañas de 2018
El último informe de la SFP indica que los castigos registran un decremento de 13% en el periodo 2016-2017
CDMX.- Las campañas políticas de 2018 se podrían financiar con las sanciones económicas que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto a servidores públicos por diversas irregularidades, desde administrativas hasta actos de corrupción, si realmente se pagaran.
En dos años y medio, de enero de 2015 a agosto de 2017, de acuerdo con la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la secretaría, se impusieron 2 mil 195 sanciones económicas por 5 mil 757 millones de pesos, pero de esos recursos poco se recupera.
Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) indican que la recaudación de las multas no mantiene un porcentaje elevado. Por ejemplo, en cuatro años, de 2012 a 2016, se recuperaron mil 225 millones, la cifra representa 20% de lo que se impuso en los últimos dos años.
Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, afirmó que existe un problema para hacer un cobro efectivo, por lo que no se puede contar con ese dinero. “El SAT tiene un problema serio con los créditos fiscales y tiene otro de cobro, porque normalmente juzgan la eliminación de esos créditos”, dijo.
Aseguró que cada año se elimina de esa lista a deudores a los que no se les puede cobrar, porque el trámite para intentarlo sería más caro.
“Tenemos un serio problema para hacer válidos todos esos ingresos de la Federación. Buscar otra forma de cobrar multas es complicado porque es a través de la Secretaría de Hacienda”, añadió. El también coordinador nacional de la organización Nosotros declaró que no es que se deba crear un mecanismo para cobrarlos, sino hacer que el sistema actual sirva.
Cuando una cosa no funciona, el tema no es inventar cómo suplirla, lo que tenemos que exigir es que funcione bien”. Mauricio Merino, investigador del CIDE.
SE VE AVANCE
Khemvirg Puente, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que el hecho de que haya tal número de sanciones administrativas a los servidores públicos habla bien de la SFP; no obstante, el SAT también requiere informar cuánto de esas sanciones se ha recuperado.
Respecto a las auditorías a los contratos de recursos federales explicó que están en un momento de transición porque hay un proceso nuevo de designación de los titulares de los órganos internos de control para garantizar un poco más de independencia en sus acciones.
“Debemos tener reformas que fortalezcan el sistema de fiscalización en el nivel local, para que las contralorías dejen de ser estos órganos subordinados a los gobernadores y creo que va en ese camino la reforma al sistema de fiscalización, pero eso tomará tiempo”, añadió Puente.
MUCHAS CAUSAS
Las principales causas de las sanciones impuestas por la dependencia federal a los servidores públicos han sido: la negligencia administrativa, el incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial, el abuso de autoridad, la violación en los procedimientos de contratación, violación a las leyes y normatividad presupuestaria, el ejercicio indebido de sus funciones en materia migratoria y en menor número el cohecho y también la extorsión hacia los ciudadanos. El Universal