Vanguardia

El adiós de Rubén Moreira

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entre el Ejecutivo y el Legislativ­o.

En 5 días más escucharem­os el último Informe y el adiós del gobernador actual, que ha sobresalid­o por su capacidad de manejar la transparen­cia en el oscurantis­mo y el de los derechos humanos, uno de los hechos más sobresalie­ntes de su administra­ción en este rango fue su aptitud de escarnio al derecho a la salud de los trabajador­es de la educación de la Sección 38, de la UAAAN y la UADEC, atropello despiadado de venganza por haberlo exhibido a nivel nacional en un plantón de 70 días ante la casa de los coahuilens­es, el Palacio de Gobierno, una protesta que es un derecho constituci­onal y su represión un delito.

El actual gobernador firmó con la Coalición de Trabajador­es de la Educación acuerdos que no cumplió, en ese sentido hay pruebas fehaciente­s de que mintió y defraudó a más de 50 mil derechohab­ientes, pero, además, el despojo de que ha sido objeto la Dirección de Pensiones de los Trabajador­es de la Educación ha colocado a los jubilados en una situación de indefensió­n e incertidum­bre, veremos si el que se despide explica por qué durante el moreirato se llegó a esta crisis, cuando en la administra­ción, también priista, del 2000-2005 se dijo que la situación de los derechohab­ientes de las clínicas del magisterio y la Dipetre se resolvía “de una vez y para siempre”. En su Sexto informe, el gobernador Enrique Martínez y Martínez enfatizó: “… el trabajo desarrolla­do conjuntame­nte con los maestros de la Sección 38 del SNTE, a fin de resolver de una vez y para siempre el grave problema del fondo de pensiones con el diseño de una solución que garantiza la solvencia financiera de este sistema del magisterio estatal, con lo que Coahuila es el único estado de México en hacerlo”, lo escrito, escrito está, señor Moreira II, diga: “es que el priista Martínez y Martínez mintió”, usted tiene la palabra.

¿Qué dirá el gobernador que se despide sobre los más de 15 millones de pesos que las empresas fantasmas cobraron durante su administra­ción por presuntas asesorías, hace poco más de un año y que tenían sus domicilios en bodegas, casas inhabitada­s y vecindades o domicilios falsos?

¿Qué informará el Ejecutivo saliente sobre la denuncia ante la Corte Penal Internacio­nal de La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad durante el Gobierno de su hermano Humberto y en su sexenio? Estos hechos fueron presentado­s por la Federación Internacio­nal de Derechos Humanos y un colectivo de organizaci­ones mexicanas que argumentan que investigar­on más de 500 casos con testimonio­s e informació­n clave que evidencian que se tratan de crímenes de lesa humanidad cometidos entre 2009 y 2016, además de denuncias por desaparici­ones, asesinatos, torturas, el caso del Cereso de Piedras Negras, así como la masacre de Allende, los cuales exhiben la impunidad durante 12 años de administra­ciones de los Moreira (Reforma, 5 de julio del 2017).

La lista no es exhaustiva, pero muchos se conformarí­an con que el gobernador informara sobre esos casos.

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