Mexicanos enfrentan defensa muy limitada en el extranjero
Abogados recomienda mayor especialización en bases jurídicas internacionales, tanto privadas como públicas
CDMX.- La ejecución del mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, programada para el miércoles 8 de noviembre en Texas, coloca sobre la mesa otra vez el tema de la defensa de los connacionales en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que se ve limitada por las leyes locales y el alcance de los acuerdos jurídicos bilaterales y multilaterales, así como por la escasez de recursos con los que a menudo debe enfrentarse el juicio.
A Ramírez Cárdenas, de 47 años y originario de Irapuato, Guanajuato, el Departamento de Justicia Criminal de Texas le dictó en agosto la fecha en que será ejecutado por inyección letal en el Pabellón de la Muerte del presidio Allan B. Polunsky de Livingstone, a 120 kilómetros de Houston, por el secuestro, violación y homicidio en 1997 de su prima hermana Mayra Azucena Laguna, de 16 años de edad, en Retama Village, al sur de ese estado.
El día del asesinato, Ramírez Cárdenas y su amigo Tony Castillo supuestamente entraron a la habitación de Laguna y la llevaron a un paraje solitario, donde se perpetró el ataque. Más tarde, Castillo denunció a Ramírez Cárdenas y se entregó a las autoridades, que lo condenaron a 25 años de cárcel.
Ramírez Cárdenas aceptó que había consumido alcohol y pastillas, pero argumentó que se quedó dormido y que el autor de los hechos fue su amigo. Sin embargo, las autoridades
Hay una gran cantidad de mexicanos y es poco el presupuesto, porque el tema es que los consulados lo que generan por concepto de pasaportes y servicios lo regresan a México”. Laborde Carranco, exfuncionario de la embajada en Tokio.
han descartado varias apelaciones en la Corte Federal del Quinto Circuito de Texas, en las que se asegura que no se respetaron los derechos consulares del connacional, que fue golpeado por policías y obligado a firmar una declaración de culpabilidad.
El 22 de agosto, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, solicitó mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a su homólogo texano, Greg Abbott, que se realizaran análisis genéticos de ADN como prueba para acreditar la inocencia de Ramírez Cárdenas.
Su defensa está a cargo de un grupo
de abogados en coordinación con el Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense; aún hay esperanzas de que se aplace la ejecución, ya que justo el día mencionado el gobernador de Missouri, Eric Greitens, suspendió la pena capital contra Marcellus Williams, al validarse el argumento de que no se encontró su ADN en el cuchillo usado para matar a una reportera local en 1998.
INTENTA LA CNDH La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró el 10 de octubre su petición a Abbott y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas para que se conmute la ejecución por cárcel, al recordar que no se opone a la imposición de penas,
sino que se pronuncia porque se apeguen al Sistema Internacional de Derechos Humanos.
México, por principio, rechaza el máximo castigo, pero como explica Adolfo Laborde Carranco, profesor de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales del ITAM Campus Santa Fe, la protección se ve dificultada porque incluso en EU, donde existe la mayor red de consulados de cualquier país, “a veces no tienen las capacidades ni los presupuestos”.
Laborde Carranco, quien se desempeñó en la embajada en Tokio, señala que las solicitudes de clemencia a los ejecutivos estatales en Estados Unidos son efectuadas por medio de la SRE en un proceso que involucra la gravedad del delito cometido, que puede conmutarse por cadena perpetua; “entonces sí existe la posibilidad de que se otorgue el perdón, pero esto está sumamente ligado a la jurisdicción” de cada entidad, dice.