Vanguardia

LO SAQUEARON Y NO TIENE PARA MULTAS

De los cinco morralla que se extinguen, es el único que queda a deber, señala el IEC

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Los cinco organismos políticos que perdieron su registro -por baja votación en la elección pasada- tuvieron multas ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pero sólo el Partido Joven mantiene cuentas pendientes por pagar, señaló René de la Garza, consejero del Instituto Electoral de Coahuila (IEC); esta fuerza política ha sido castigada ante el irregular manejo en sus recursos, que lo habrían llevado al “saqueo”.

Entre los cinco partidos que no podrán participar en los comicios de 2018, el monto por las sanciones suma tres millones 225 mil 963 pesos, y se hicieron acreedores a ellas por diversas inconsiste­ncias en los dictámenes de revisión de informes anuales, de ingresos y gastos, del ejercicio fiscal 2015, así como por uso indebido de presupuest­o en el periodo de precampaña­s.

De ellos, el único que falta por saldar su deuda es el que incurrió en más irregulari­dades, el Joven (un millón 860 mil 938 pesos), cuyo líder estatal es Israel Puente Carranza, hijo de Édgar Puente Sánchez, fundador y del partido.

Mientras que los otros cuatro ya lo hicieron: Primero Coahuila (838 mil 793 pesos), Social Demócrata (270 mil 207 pesos), Campesino Popular (224 mil 46 pesos) y de la Revolución Coahuilens­e (31 mil 979 pesos).

No obstante, De la Garza aclaró que aún está pendiente la aplicación de sanciones del INE por gastos de campaña, pues aún no se resuelven los recursos de apelación interpuest­os por los cinco partidos.

El proceso de liquidació­n debe esperar hasta que se dictaminen todas las impugnacio­nes, pero, en caso de ser necesario, las sanciones que resulten se cobrarán de ésta.

“El INE ha impuesto muchas multas a los partidos, la mayoría trae multas. El Código Electoral de Coahuila marca que es responsabi­lidad de los dirigentes liquidar esas cuestiones fiscales porque es una deuda a final de cuentas”, apuntó el consejero.

Con el Partido Joven, será al árbitro electoral nacional a quien le toque iniciar un procedimie­nto para determinar cómo resolver su caso.

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