Sexto informe, ¿un diálogo de sordos?
A24 días de concluir su período gubernamental, Rubén Moreira Valdez acudió ayer a rendir, ante el pleno de la Legislatura Estatal, su sexto y último Informe de Gobierno. El evento, como suele ocurrir en México desde hace ya un buen número de años, se vio eclipsado por los datos anecdóticos.
Entre estos últimos, el abandono de la bancada del Partido Acción Nacional del recinto legislativo constituye una muestra más de cómo el acto de rendir cuentas –para lo cual están diseñados legalmente los informes de Gobierno– se realiza mediante un formato que da muestras de cansancio desde hace tiempo.
No es casual, desde luego, lo ocurrido ayer en el Palacio Legislativo. Las escenas en las cuales los correligionarios del gobernante en turno aplauden a la menor provocación, mientras los opositores intentan, con todos los medios a su alcance, “echarle a perder la fiesta”, se vienen sucediendo con profusión en nuestros País desde que Porfirio Muñoz Ledo sepultara la solemnidad al interpelar al presidente Miguel de la Madrid mientras leía su último informe de Gobierno, en el ya lejano año de 1988.
La conducta, vale la pena enfatizarlo, no es propia solamente de quienes detentan determinadas siglas: allí donde no gobiernan, los legisladores de todos los signos partidistas observan exactamente la misma conducta si las circunstancias políticas se los permiten.
Por ello, más allá de reseñar o calificar lo hecho ayer por la bancada que encabeza Jesús de León Tello, cabe preguntarse si el abandono de la sala –o cualquier otra muestra de estridencia– constituye la mejor respuesta que la oposición –cualquiera sea su color– puede encontrar en México para empujar la transformación de nuestra tradición de informar.
En un País en donde –más allá del desencanto que los ciudadanos sentimos por los resultados que ofrece cotidianamente el desempeño gubernamental– los partidos políticos viven en condiciones de privilegio, cabría esperar algo más de imaginación por parte de la oposición política cuando se siente “avasallada” por el Poder Ejecutivo.
Porque, al final de cuentas, el que unos legisladores abandonen el recinto parlamentario es tan sólo un dato anecdótico y a los ciudadanos ninguna satisfacción concreta nos reporta, al menos no en el terreno que importa: la modificación en la forma en la cual se ejerce el poder.
En ese sentido, cabría cuestionar a quienes creen que convertir el ejercicio de informar en un “diálogo de sordos” es una buena idea, si de verdad creen que esa es la mejor forma de representar a quienes, son gozar de los privilegios que otorga el ocupar una posición en la estructura del poder, se consideran agraviados por los hechos que han marcado la historia de los últimos años en Coahuila.
Por lo demás, habrá que señalar, una vez más, que la obligación constitucional de rendir cuentas demanda, sin duda, una revisión seria a las fórmulas que los integrantes –todos– de nuestra clase política se empeñan en sostener pues queda claro que a los ciudadanos cada vez les sirven para menos.
La obligación de rendir cuentas demanda una revisión seria a las fórmulas que nuestra clase política se empeña en sostener