Violencia en prisiones y las propuestas para erradicarla
Recientemente hemos visto en medios y redes sociales los videos filtrados sobre la vida dentro de los centros penitenciarios mexicanos. De esos videos, más que reproducir la criminalización de personas privadas de libertad, debemos resaltar las precarias condiciones de internamiento y la violencia que viven quienes se encuentran internas en cualquiera de esos centros.
Los casos más sonados en semanas recientes son los de los penales del Estado de México, el de Nezahualcóyotl y Chiconautla, donde salió a la luz la red de extorsión que entre funcionarios del penal e internos mantenían para obtener dinero de las familias de las personas internas en esas cárceles.
Sin embargo, esto no es la excepción, es la regla. Hasta agosto de este año el Observatorio de Prisiones Documenta ha registrado mil 22 incidentes violentos sucedidos en las prisiones mexicanas, entre los que se encuentran riñas, motines, suicidios, homicidios, agresiones, entre otros incidentes violentos que el Estado y sus instituciones han sido incapaces de erradicar.
En la Ciudad de México, los incidentes de 2017 ascienden a 2 mil 17, entre los que se encuentran 12 riñas y seis huelgas de hambre, entre esos incidentes todavía no se ha contabilizado el asesinato de una persona el pasado lunes 30 noviembre tras una riña en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
Una de las causas estructurales de esta violencia en prisiones es la sobrepoblación, hecho que además viola los derechos de las personas privadas de la libertad a la integridad, la dignidad, la salud y la alimentación. Cuatro de las cinco entidades con mayor número de incidentes violentos en sus centros, tienen también sobrepoblación: Puebla, Morelos, Chihuahua y Veracruz (Imagen Top 5).
En los centros penitenciarios de la Ciudad de México también hay sobrepoblación: Reclusorio Oriente 177 por ciento; reclusorio Norte 130 por ciento; Penitenciaria 143 por ciento; y Reclusorio Sur 114 por ciento.
La sobrepoblación origina violencia dentro de las prisiones y también causa el acceso limitado a servicios de salud y alimentación, carencias que deben solventar las familias desde afuera.
Ante esa situación, Documenta promovió un amparo colectivo ante las violaciones a derechos humanos que viven las personas privadas de la libertad en la Ciudad de México por las condiciones de hacinamiento.
Para que ese amparo pueda proceder, es necesario que primero el Poder Judicial reconozca el derecho de Documenta (interés legítimo) para defender los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad, quienes por su condición de vulnerabilidad es muy difícil que puedan acceder a estos recursos legales para acceder a sus derechos.
El reconocimiento del interés legítimo de Documenta en este caso, abriría la puerta para que otras organizaciones promuevan amparos indirectos ante violaciones de derechos humanos de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, lo que representaría un gran avance en la defensa de Derechos Humanos en México.