Dispendio, censura, mordaza
denunció la negligencia del Legislativo de cumplir con el tercer transitorio de la reforma constitucional de febrero de 2014, según el cual la ley en cuestión tenía que estar lista en abril de ese año.
Además, la Corte señala que la ausencia de legislación del citado tercer transitorio da lugar a un ejercicio discrecional y arbitrario del presupuesto asignado a comunicación social que restringe o limita la libertad de expresión canalizando los recursos hacia medios afines a las posturas del Gobierno y niega o restringe esos recursos a los medios críticos o incómodos para el Gobierno federal, los estatales, los congresos y poderes judiciales.
Los legisladores están obligados a cumplir el mandato de la SCJN so pena de ser sometidos a juicio penal y hasta destituidos y consignados penalmente por no acatar la sentencia, parece que no tendrán callejón de huida.
Los gastos estratosféricos, superabundantes de los Gobiernos, en lo que ellos justifican como comunicación social, son ofensivos y arbitrarios para la sociedad que los paga, pero ellos son patrimonialistas, se sienten y actúan como dueños del presupuesto público, así ha sido durante los más de 80 años del ejercicio gubernamental priista en Coahuila.
Se sabe de la afinidad de muchos de los medios de comunicación a las posturas gubernamentales es según sea el aporte de quien les paga, pero la afinidad, la conexión se trasluce, así que la imparcialidad y la veracidad quedan en evidencia, aunque pretendan insinuar otra cosa.
La organización civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación, estima que el Gobierno de Peña Nieto puede haber gastado 60 mil millones de pesos durante el sexenio que está por concluir. Por su parte el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estimó que los Gobiernos estatales ejercieron 9 mil 500 millones de pesos sólo el año pasado, no hay disposición constitucional que atribuya a los Gobiernos de los tres niveles gastar tan enormes cantidades de recursos económicos que rebasan lo autorizado en sus presupuestos.
Fundar y otras organizaciones civiles estiman que Rubén Moreira encabezó a los Gobiernos que más gastan en promover su imagen, se considera que, sólo en 2013, Moreira II gastó mil 113 millones de pesos en publicidad, mientras que el endeudamiento público es más alto que cuando comenzó este sexenio, la opacidad en este renglón del actual Gobierno ha sido total.
México no estaría en la situación tan aguda de pobreza en que se encuentra, si los mexicanos detuviéramos a los funcionarios públicos sinvergüenzas que gastan miles de millones en publicar mentiras y promover su imagen.
Criticar a los funcionarios puede tener altos costos para los periodistas que se atreven a ir en contra del sometimiento del los que ejercen el patrimonialismo mediante el sobreejercicio del gasto en publicidad en algunos medios afines a las posturas gubernamentales.
Habrá que esperar que el Congreso cumpla la orden de la SCJN y que se dé prioridad a la sociedad para proveerla de información veraz, plural, oportuna y objetiva.