Militarizar la seguridad, ¿necesidad ‘imperiosa’?
La actuación del Ejército y la Armada, en apoyo a la seguridad local, se sustenta en su lealtad, su disciplina y su apego a los valores y principios militares; sin embargo, esto no es suficiente, hace falta un marco jurídico adecuado que regule la actuación de soldados, pilotos y marinos en tareas de seguridad pública”.
La frase fue pronunciada ayer, en territorio coahuilense, por el presidente Enrique Peña Nieto, durante la visita que realizó a la entidad para inaugurar el mega cuartel militar construido, en colaboración con el Gobierno de Coahuila, en el municipio de San Pedro. El primer mandatario aprovechó el evento para, en vísperas de que la discusión sobre la iniciativa de Ley de Seguridad Interior sea abordada en el Congreso de la Unión, afirmar que dicho ordenamiento “dejó de ser solamente una valiosa propuesta, para convertirse en una imperiosa necesidad”.
Con ello, el presidente Peña Nieto dejó clara su apuesta en materia de seguridad pública: mantener la presencia de elementos castrenses en las calles, en la realización de operativos y en la asunción de funciones de policía preventiva, antes que acelerar el proceso de profesionalización de las fuerzas civiles, constitucional y legalmente mandatadas para tales tareas.
En contraparte, un conjunto de organizaciones civiles, entre las que se cuenta Amnistía Internacional, lanzaron un llamado de alerta este miércoles para plantear la necesidad de que la iniciativa sea frenada en el Congreso de la Unión debido a que su implementación no constituye la solución al problema de seguridad que vive el País.
Las organizaciones civiles recordaron en dicho comunicado los múltiples casos de violación a derechos humanos que han sido documentados en los últimos años a propósito de la incursión de las fuerzas castrenses en la lucha contra la criminalidad.
Sobre el particular habría que insistir en el hecho de que si bien la crisis padecida por el País en los últimos años dejó claro que las fuerzas armadas mexicanas constituían una suerte de “último recurso” al cual debía acudirse de forma contingente, el saldo negativo es muy claro y evidencia, sin lugar a dudas, que los militares no están capacitados para asumir las tareas ordinarias de seguridad pública.
Tal hecho no demerita al Ejército o a la Marina, pues no puede reprochársele a sus elementos no estar a la altura de ese reto. Y no puede reprochárseles porque su entrenamiento y la estrategia con la cual se construyen los cuerpos militares no tienen nada que ver con el combate a la delincuencia.
Así pues, aún cuando prevalezcan en el País circunstancias que obliguen a incorporar de forma contingente a elementos castrenses en el proceso de combate a la criminalidad, constituiría un error considerar que tal hecho “obliga” a formalizar la presencia castrense en las calles.
De hecho, el extenderle carta de naturalización a la participación de las fuerzas armadas en estas tareas podría ser contraproducente, pues “normalizaría” su presencia al grado de descuidar el proceso de construcción de la policía civil que requerimos.
La medida ‘normalizaría’ la presencia de las fuerzas armadas al grado de descuidar el proceso de construcción de la policía civil que requerimos