SUFRE LATINOAMÉRICA A MILITARES EN LAS CALLES
Otros países han usado a sus ejércitos en tareas de seguridad sin grandes logros
CDMX.- México no es el único país donde se han desplegado las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Brasil, Honduras, Guatemala y El Salvador son algunas naciones donde el Ejército contribuye en tareas de seguridad.
En el caso de la República de Brasil, el Ejército ha sido desplegado en las favelas, para ayudar en la lucha contra el narco.
La constitución brasileña permite recurrir a las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública, y el presidente Michel Temer no dudó en invocar, por ejemplo, al artículo 142 cuando, en medio de crecientes protestas contra su mandato en mayo pasado decidió sacar al ejército a las calles temporalmente.
También ha sido criticado el uso del Ejército en Guatemala, donde la Constitución describe al ejército como una institución destinada a “mantener la independencia, la soberanía y el honor” del país, así como la “integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior”.
Uno de los grandes defensores de usar al ejército para combatir la violencia en las calles fue justamente el general Otto Pérez Molina, expresidente de ese país.
Este año, en medio de la creciente polémica por abusos militares y por presuntos nexos con bandas delincuenciales, se anunció el retiro gradual de los militares en patrullajes policiales. Mientras unos lo han visto como una ganancia para la democracia, otros señalan que prefieren a los soldados que a los policías.
En Honduras distintos gobiernos han apoyado la salida de los militares a las calles para combatir los altos niveles de violencia y al narcotráfico.
Incluso se creó la llamada Policía Militar del Orden Público, que ha sido muy cuestionada por violaciones a los derechos humanos en ese país.
En El Salvador, apenas en septiembre pasado el gobierno ordenó un reforzamiento de la presencia militar en labores de seguridad pública ante la creciente inseguridad. Sin embargo, estudios han revelado que el uso de las Fuerzas Armadas en estos tres países centroamericanos no ha reducido la criminalidad, y en cambio sí ha generado indignación y protestas ciudadanas.
SIN APOYO POPULAR La Ley de Seguridad Interior carece de apoyo popular y ningún actor fuera de la esfera del gobierno se ha manifestado a favor, dijo el senador Luis Humberto Fernández Fuentes (PT), mientras que Cristina Díaz Salazar (PRI) rechazó como mentira que el diálogo abierto días antes de la votación hubiera sido una simulación, debido a que al legislar el tema hubo foros este año en los que se expresaron distintas voces.
Por su parte, la presidenta de la comisión senatorial de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, convocó a una marcha que tiene el objeto de urgir al Jefe del Ejecutivo a vetar la Ley de Seguridad Interior.
El punto de partida es en la Estela de Luz, a las 12 horas y llegará a Los Pinos.
Subrayó que en caso de que la ley sea publicada, se pedirá a la Suprema Corte que la declare inconstitucional.
Salazar Fernández dijo que la nueva ley que votó el Senado el viernes y ho- ras después tuvo su aprobación definitiva en la Cámara de Diputados “no ayudará a la pacificación del país”. Al contrario, dijo, “generará mayor incertidumbre”.
Díaz Salazar sostuvo que los preceptos de la ley observan los principios de legalidad y responsabilidad.
Por lo que toca a la observancia de los derechos humanos y a sus garantías, Díaz Salazar subrayó que esta ley operará bajo los principios de confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación, cooperación, racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad. CNDH IMPUGNARÁ LEY La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que se encuentra elaborando un estudio para promover una acción de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso de la Unión y exhortó al presidente Enrique Peña Nieto a que formule observaciones.
En un comunicado, el organismo defensor de los Derechos Humanos en México recordó que el Ejecutivo tiene esta atribución que se
detalla en el artículo 72 de la Constitución y consideró que la seguridad es posible y compatible con el respeto a la dignidad humana, así como a las libertades y derechos que dan sustento a las
instituciones democráticas.
La CNDH, junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han manifestado su rechazo a esta ley.