Caso Alejandro Gutiérrez: ¿hay un expediente sólido?
El empresario y político coahuilense Alejandro Gutiérrez Gutiérrez fue trasladado ayer a Chihuahua a fin de que esta mañana comparezca ante un juez y este decida su situación jurídica frente a las acusaciones que en su contra ha enderezado el Gobierno de aquella entidad, por presuntamente haber participado en un esquema de desvío de recursos públicos que habrían terminado en las arcas del Partido Revolucionario Institucional.
Como ocurre con muchos de los escándalos políticos en nuestro País, la investigación de la Fiscalía chihuahuense fue conocida en primera instancia debido a una “filtración” periodística y, a partir de las publicaciones, se desencadenaron los hechos que derivaron en el arresto del coahuilense y su traslado a la vecina entidad en calidad de detenido.
En términos de opinión pública poco debe argumentarse para que el ciudadano de a pie considere como un hecho cierto —y probado— la existencia del presunto esquema ideado entre los gobiernos de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas, para desviar recursos estatales al PRI. Tampoco hace falta argumentar mucho para que pueda instalarse en el imaginario colectivo la idea de que Alejandro Gutiérrez participó en dicho esquema y, por tanto, debe ser condenado.
Sin embargo, más allá de lo que se decida en el “juicio paralelo” que de estos casos suele hacerse en redes sociales, es preciso recordar que en contra de Gutiérrez se ha armado un caso penal y que ello obliga a la Fiscalía de Chihuahua a integrar un expediente capaz de probar, sin lugar a dudas, la culpabilidad de aquellas personas a quienes se imputa la comisión de conductas ilícitas.
Y es preciso recordarlo porque, de acuerdo con la experiencia, las autoridades mexicanas —de todos los orígenes ideológicos— suelen actuar más a partir de criterios políticos que con base en evidencia puntual o investigaciones realizadas con pulcritud y profesionalismo.
Los ejemplos de esta ausencia de rigor en la actuación de las fiscalías —las estatales y la federal— son múltiples pero baste recordar dos de ellos, cercanos en el tiempo y en el espacio, para dejar claro por qué no debe de darse por sentado que este proceso culminará con una sentencia condenatoria: el del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y el de Elba Esther Gordillo.
En el primero de los casos, la administración de Jaime Rodríguez Calderón anunció con estruendo el inicio de un proceso penal contra su antecesor al que señaló como presunto responsable de múltiples conductas delictivas, mismas que se ha ido “cayendo”, pues los expedientes de la Fiscalía no han soportado la prueba de los juzgados. En el segundo caso, la exdirigente nacional del sindicato magisterial no sólo acaba de regresar a su casa — aunque sigue bajo arresto-—, sino que lo ha hecho habiendo obtenido una serie de victorias jurídicas en contra de la PGR.
Habrá que esperar a los acontecimientos de hoy para ver qué tan sólido es el caso contra Alejandro Gutiérrez y ver si, el hecho de que Chihuahua hubiera sido la primera entidad en la cual se instauró el nuevo modelo de justicia penal, se traduce en una actuación profesional por parte de la Fiscalía de dicha entidad.
Las autoridades mexicanas suelen actuar más a partir de criterios políticos que con base en evidencia puntual o investigaciones realizadas con pulcritud