Impunidad: ¿desapareció junto al juicio político?

La figura del denominado “juicio político” es una cuya prevalencia se justificaba sólo a partir de la existencia del fuero constitucional, es decir, la protección que impedía, en primera instancia, enderezar juicios penales en contra de determinados funcionarios, pero que también les protegía en contra de la destitución arbitraria de sus cargos. Como se sabe, el fuero fue creado originalmente como una garantía de protección a la libertad de expresión de los parlamentarios opositores a quienes el antiguo régimen no dudó, en algunos momentos, en “fabricar” delitos a fin de eliminarles de la vida pública, así fuera sólo temporalmente.

Así pues, aunque era posible acusar de haber cometido ilícitos a los políticos de oposición, antes de someterles a juicio resultaba indispensable que el Poder Legislativo declarara la procedencia del mismo y para ello debían presentarse ante el Congreso los elementos de convicción que hubiera reunido el Ministerio Público.

Como se sabe también, la figura fue pervertida a lo largo de la historia y en no pocas ocasiones fue convertida en “escudo de protección” para individuos que merecían ser enjuiciados —e ir a la cárcel—, pero que lograban instalarse en el territorio de la impunidad gracias a dicha figura.

Esta última circunstancia provocó que una herramienta creada para combatir el despotismo en el ejercicio del poder terminara siendo percibida por la ciudadanía como una de las características más indeseables de nuestra clase política, lo cual generó un rechazo generalizado que convirtió al fuero es uno de los pocos temas en torno de los cuales existía unanimidad respecto de la necesidad de su desaparición.

Y si uno revisa las estadísticas al menos las de carácter localpareciera claro que la existencia del juicio político, estrechamente vinculada a la existencia del fuero, no tenía mucho sentido, pues incluso en aquellos casos en los cuales resultaba evidente que debía retirársele a algún funcionario público, tal hecho nunca ocurrió.

En efecto, de acuerdo con el reporte periodístico que publicamos en esta edición, en la década transcurrida entre 2006 y 2016, aunque el Congreso de Coahuila recibió 25 solicitudes de juicio político en contra de funcionarios de distintos niveles, solamente en una ocasión el caso fue estudiado y sancionado por los integrantes del Poder Legislativo.

Dos exgobernadores —Humberto Moreira y Jorge Torres— fueron denunciados en su momento ante el Congreso y se solicitó que les fuera retirada la protección del fuero debido a su participación en la contratación de la denominada “mega deuda”, sin que en el Poder Legislativo se considerara la posibilidad de estudiar los expedientes.

En otras ocasiones, regidores de distintos ayuntamientos, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, alcaldes e incluso un agente del Ministerio Público fueron señalados como presuntos responsables de conductas que implicaban su desafuero, sin que las peticiones fueran obsequiadas.

Desaparecido el fuero, lo que queda por ver es si la posibilidad de vivir en la impunidad sigue existiendo para quienes anteriormente lograron escudarse en esta figura para evadir responsabilidades civiles y penales.

Desaparecido el fuero, queda ver la posibilidad de que políticos vivan en la impunidad o escudándose en esta figura para evadir responsabilidades civiles y penales