Irregularidades en las cuentas públicas, más allá del señalamiento
Año con año, tanto la Auditoría Superior del Estado como su contraparte a nivel federal presentan sus informes sobre las cuentas públicas, los cuales generan ruido e incluso polémica ante la sociedad. Páginas y páginas en que se analiza cómo la administración gubernamental usa el erario, es decir, el dinero que la sociedad aporta para el funcionamiento de los distintos poderes establecidos.
Cada año se encuentra algún “detalle” que no pasa desapercibido: algún pago fuera de lo normal, una partida mayor a lo que se contemplaba en cierto rubro, por sólo decir algunos ejemplos.
El comentario viene a cuento ante el reporte periodístico que se presenta en esta edición sobre el manejo que le dieron los 38 ayuntamientos de Coahuila a los recursos que le fueron entregados en el ejercicio del 2016.
Según la Auditoría Superior del Estado, este año se contabilizaron observaciones no solventadas a las presidencias municipales de la entidad por cerca de 511 millones de pesos.
La cifra supera en 25 por ciento al monto detectado a la Cuenta Pública anterior, es decir la del 2015.
Huelga decir que estos señalamientos de la ASE, per se, no se configuran en un delito, pero sí en la sospecha de un mal uso de estos recursos, por lo cual el ente fiscalizador les otorga a los municipios un plazo para comprobaciones.
Así como la comparativa de este año, se podrían cruzar datos con años previos. ¿Pero de qué le sirve a la ciudadanía conocer este tipo de informaciones si quedan en el anecdotario?
En agosto de este año, VANGUARDIA publicó detalles sobre las “sanciones” que se aplicaron a funcionarios a los que se les comprobaron malos manejos durante 2014.
Tres años después se pudo conocer que el máximo castigo recibido hacia un funcionario fue… ¡un día de suspensión!, sin que se le obligara a resarcir el daño –sí comprobado— a la hacienda pública.
Sin lugar a dudas es plausible el esfuerzo de escudriñar en las cuentas públicas y encontrar posibles malos manejos. Sin embargo, el señalar estos actos que podrían representar una acción ilegal, no es suficiente.
El siguiente paso de cualquier órgano fiscalizador —el cual se pretende cumplir con la reforma en materia de Anticorrupción aprobada a nivel local y nacional— es que una falta administrativa, o incluso penal, por el mal manejo del erario no quede en un “coscorrón”.
En caso de comprobarse irregularidades, no sólo en los municipios sino también en todo el aparato oficial, éstas debieran castigarse y no sólo quedar en el anecdotario del señalamiento, como ha venido pasando en nuestros tiempos.
En caso de comprobarse irregularidades, no sólo en los municipios sino también en todo el aparato oficial, éstas debieran castigarse y no quedar en señalamientos