Todo quedaba en familia
CDMX.- Las acusaciones de la Procuraduría General de la República contra el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por la venta irregular de terrenos entre familiares y personas cercanas a él, se concretaron en los municipios turísticos de Cozumel, Cancún, Puerto Morelos, Tulum y en Othón P. Blanco, entre otros.
Se trata de predios enajenados a precios sumamente inferiores, y cuyo destino tierras debió ser para desarrollo social y de vivienda; en cambio, fueron vendidas por debajo de su costo real.
El Instituto del Patrimonio Inmobiliario de Quintana Roo (IPAE), organismo creado a modo, vendió los predios en 238 millones 790 mil 121.98 pesos; cuando el precio real era de mil 138 millones 889 mil 540.15 pesos.
El actual gobierno de Quintana Roo acusa que las enajenaciones presentan diversas irregularidades, puesto que se realizaron sin respetar la normatividad estatal y, sobre todo, se fijaron precios de venta muy por debajo del valor, que en algunos casos no llegó ni a 1%.
Uno de los terrenos en cuestión fue el adquirido en diciembre de 2013 por Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del hoy detenido exgobernador; un terreno con casi 600 metros de playa, ubicado en la reserva territorial en Punta Francesa, por lo que es señalada como cómplice de su hijo.
El IPAE le vendió a 137 pesos el metro cuadrado, cuando el valor comercial es de 200 dólares.
En el contrato de compraventa queda asentado el monto de la operación: 137.50 pesos por metro cuadrado; el pago total fue por 15 millones 367 mil 523 pesos y 88 centavos.
Rosa Yolanda Angulo y el IPAE convinieron que para escriturar el inmueble se pagaría 10% del valor total, es decir, un millón 536 mil pesos. Para el 6 de noviembre de 2014 los importes quedaron saldados, de acuerdo con el oficio de liberación del adeudo IPAE/ CA/ 0722/ 2014, expedido por el instituto.
Cinco meses después, Angulo Castilla cedió su terreno costero a la empresa Siyenat del Caribe, representada por Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia.