Politizar la impartición de justicia: una pésima idea
Como podía claramente anticiparse desde que el caso fue ventilado primeramente en los medios de comunicación debido a “filtraciones” en la investigación, la presunta persecución judicial del exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones ha sido convertida en motivo de disputa política entre la administración de Javier Corral Jurado y Enrique Peña Nieto.
De un lado, el Gobernador de Chihuahua ha acusado al Gobierno de la República de utilizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como instrumento de presión política, al ordenarle la “retención” de unos 700 millones de pesos en participaciones que le corresponderían a dicha entidad.
La retención denunciada por la administración de Corral constituiría una “venganza política” del Gobierno federal por haber enderezado juicios en contra del coahuilense Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y del propio Manlio Fabio Beltrones.
Por otro lado, el exdirigente partidista había confirmado ayer que ha solicitado el amparo de la justicia federal, ante la eventualidad de que se gire orden de aprehensión en su contra y, de paso, ha señalado que no existe certeza jurídica en los procedimientos seguidos por las autoridades jurisdiccionales chihuahuenses.
Desde un tercer polo, la defensa legal de Alejandro Gutiérrez ha acusado a las autoridades de la vecina entidad de violar los derechos humanos del coahuilense e incluso ha asegurado que la forma en la cual ha sido tratado en el reclusorio donde se encuentra es equiparable a la tortura.
Unos y otros se han apresurado a negar las acusaciones lanzadas en su contra, así como a expresar con elocuencia su compromiso con la vigencia del estado de derecho, circunstancia que vuelve imposible la actualización de las conductas que le son imputadas por su contraparte.
Alguien necesariamente miente en cada uno de los frente de esta historia: o miente Javier Corral al acusar al Gobierno de la República de retenerle ilegalmente recursos que le corresponden, o miente la Secretaría de Hacienda al afirmar que no solamente no ha retenido dinero perteneciente a las arcas de Chihuahua, sino que el año pasado entregó a dicha entidad más de mil cien millones de pesos por encima de lo originalmente presupuestado.
Por otro lado, o miente la defensa de Alejandro Gutiérrez al señalar la violación de sus derechos humanos, o miente el Poder Judicial de Chihuahua al afirmar que le ha dispensado a éste un trato exactamente igual al que recibe cualquier otra persona en prisión preventiva.
Mientras van apareciendo los datos que nos permitan a todos tener claro quién está diciendo la verdad, una cosa puede darse por cierta: los alegatos de todas las partes tienen fines exclusivamente políticos, pues ninguno de los elementos de esta disputa mediática reviste interés para emitir sentencia en el caso de presunta corrupción que se juzga.
Mientras aparecen datos que nos permitan tener claro quién dice la verdad, los alegatos de todas las partes tienen sólo fines políticos