SEIS AÑOS EN EL INFIERNO
Martha sufrió abusos de todo tipo de parte de su pareja, un discapacitado, quien dijo amarla y solo la prostituyó
Durante seis años Martha vivió en el infierno. El hombre del que se enamoró durante ese tiempo la obligó a prostituirse, le provocó un aborto y continuamente amenazaba con desaparecerla.
Esta historia comienza a contarse hace más de seis años en la Iglesia Bautista de la colonia Nueva Tlaxcala, donde los protagonistas de esta historia se conocieron. Salvador Saucedo Valdés, un hombre con discapacidad motriz, le había propuesto a Martha vivir juntos y ella aceptó.
Durante los primeros dos meses la pareja no enfrentó ningún tipo de problema en la casa hasta que un día ya no hubo de comer. Él, con una amputación en la pierna derecha se valía de su discapacidad para no trabajar. Ella, en cambio, quería ocuparse como empleada doméstica o limpieza en cualquier negocio que le sirviera para llevar dinero a casa, pero esa no era opción pues Salvador quería dinero rápido y fácil… ahí empezó el infierno.
La primera vez que la prostituyó fue con un hombre de oficio tortillero. Luego fueron vendedores de nopales, taxistas, un gran-
jero e incluso el arrendador de la casa en la que Martha y Salvador vivían.
Por cada uno de los coitos ella recibía 40 pesos, mientras que su pareja se quedaba con el resto.
También era obligada a mendigar en las casas, de lo contrario recibía una salvaje golpiza; en una de esas palizas le provocó un aborto cuando ella tenía entre cuatro y cinco meses de gestación.
La tortura también incluía amenazas de muerte o desaparición, pues le decía que la arrojaría a en un pozo que excavaría en su casa; porque a fin de cuentas “nadie la echaría de menos”.
Esa situación se repitió por seis años hasta que su familia la liberó y el 5 de diciembre de 2016 denunció penalmente a Salvador.
Según los datos de la Fiscalía de Coahuila hasta el 22 de diciembre se cumplimentó la orden de aprehensión en su contra por el delito de trata de personas en modalidad de explotación sexual y el 31 de octubre pasado fue condenado a 30 años de cárcel, además de pagar 2 mil 401 pesos correspondientes a 30 salarios mínimos así como a la reparación del daño a Martha.
Otra de las modalidades más frecuentes en la trata de personas es el del trabajo forzado y/o explotación infantil. A mediados de agosto de 2015 al menos 61 menores de edad de entre 8 y 17 años de edad fueron rescatados en cuatro ranchos agrícolas en Ramos Arizpe por trabajar seleccionando y empacando legumbres. En las jornadas laboradas de lunes a domingo cada trabajador recibía 100 pesos diarios.
Los menores fueron reclutados por medio de anuncios en los medios de comunicación y trasladados en camiones hasta Coahuila, pues eran originarios de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo.
Este no ha sido el único caso de explotación laboral, pues a finales de noviembre de 2016 al menos 81 personas originarias de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí que laboraban en condiciones infrahumanas en el rancho “Nidia Edith” fueron rescatadas por la Procuraduría General de la República (PGR).
Los propietarios del campo agrícola, donde se cultivaba tomate y estaba ubicado en San Pedro de las Colonias, les quedaron a deber 40 días de salario a los jornaleros.
Ante los constantes abusos cometidos en contra de los empleados de los campos agrícolas en Coahuila, a inicios de diciembre pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) emitió la recomendación 60/2017 dirigida al gobierno estatal, a las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y del Trabajo y Previsión Social (STYPS) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por las violaciones a los derechos humanos.
DESMENUZAN EL PROBLEMA
Dentro de las investigaciones, la CNDH encontró que había menores en las jornadas de trabajo, junto con adultos que laboraban por salarios de hasta 100 pesos durante jornadas de más de 10 horas los siete días a la semana, incluso sin firmar ningún contrato.
“Las omisiones detectadas confirmaron el incumplimiento de las obligaciones que le son atribuidas a autoridades del orden federal y del estado de Coahuila para garantizar de manera efectiva los derechos humanos de esa población, lo cual refleja una violación directa respecto de las personas jornaleras agrícolas en general y de las personas indígenas, mujeres y niñez en particular en los ámbitos estructural y cultural”, indicó el documento.