Crónica de un arresto (desastroso)
se identificó. Un presunto especialista en Derecho no tiene clara la necesidad de identificarse, notificar con precisión el motivo de su presencia en el lugar y leerle sus derechos al detenido.
En segundo lugar está el asunto de los agentes a quienes se encarga el cumplimiento de la orden de aprehensión girada por un juez: van vestidos de civil, no llevan ninguna insignia encima y jamás se identifican como integrantes de algún cuerpo de seguridad, legitimado para llevar a cabo un arresto.
Luego viene el desastre procedimental: a los agentes sólo les falta suplicarle al exrector expresar su anuencia para ser detenido, mientras éste se mantiene cruzado de brazos, sentado en una silla y prácticamente sin articular palabra, como esperando vencer por cansancio a quienes pretenden convertirse en sus captores.
Y aún hay más: un par de personas presentes en el lugar comienzan a cuestionar la legitimidad del arresto y el Fiscal no duda en polemizar con ellos, incluso siente la necesidad de “convencerles” de estar llevando a cabo el procedimiento de forma correcta, enseñándoles los documentos en los cuales se funda su actuación.
El asunto llega al extremo ridículo de intentar sacar del lugar al detenido, ¡cargándolo con todo y silla!, debido a su reiterada negativa a ponerse de pie y someterse a la orden judicial, según la cual debía ser conducido ante un juez para desarrollar la audiencia de control de detención.
Llegados aquí, no faltará quien me reproche ocuparme de “aspectos irrelevantes” del caso en lugar de abordar lo importante: los señalamientos de persecución política y uso faccioso de las instituciones de procuración y administración de justicia, enderezados contra el gobernador Graco Ramírez a raíz de la presentación de acusaciones penales contra el exrector Vera Jiménez.
No me ocupo de ello porque no conozco el expediente y sería irresponsable de mi parte intentar opinar sobre el tema en esas circunstancias. Y me ocupo de lo otro, no por las aristas jurídicas o políticas del caso específico sino para llamar la atención sobre lo ya dicho: la ausencia evidente de protocolos para temas elementales como la realización de un arresto.
¿Cuál es la razón para llamar la atención sobre el punto? Muy simple: en el proceso de instauración del nuevo sistema penal acusatorio en el país, el principal obstáculo para su consolidación es el Ministerio Público, una institución cuyo atraso generalizado representa un riesgo para la indispensable mudanza de la cultura jurídica mexicana.
Y es sumamente relevante también porque, al menos en teoría, tenemos más de una década invirtiendo toneladas de dinero en la “modernización” de los cuerpos policiales, un proceso al cual sólo puede concedérsele crédito si la evidencia a la mano demuestra la adopción de protocolos capaces de garantizar la actuación pulcra de las instituciones.
Por ello, a partir del ejemplo de este arresto, exhibido en la red, resulta obligado preguntarse si el de Morelos es un caso aislado, o si los ministerios públicos y las policías de todo el país actúan de la misma forma. Porque avanzar en este proceso constituye toda la diferencia entre migrar a un modelo de respeto a los derechos de las personas o permanecer en el pasado de improvisación y prácticas arbitrarias.
No es una cosa menor. El seguimiento de estrictos protocolos para la realización de un arresto es un requisito indispensable para considerar la existencia de policías modernas y, en última instancia, es el elemento clave para dejar de depender de las fuerzas armadas para realizar labores de policía, pero para lo cual no se encuentran preparados sus elementos.
El problema hoy es la forma en la cual, videos como el mencionado, dejan claro el poco o nulo avance en el proceso de transformación policial.
¡Feliz fin de semana!
@sibaja3 carredondo@vanguardia.com.mx