ASE: el dinero ‘sucio’ de los partidos
Una vieja práctica de los partidos políticos —al menos de todos aquellos que han gobernado— ha sido la de recaudar “aportaciones voluntarias” entre los empleados públicos, a partir de forzarles a firmar una “autorización” según la cual estarían de acuerdo aportar una porción de su salario quincenal para el financiamiento de “su partido”.
Entre los empleados públicos seguramente habrá personas que, a partir de una convicción política genuina, estén de acuerdo en realizar aportaciones al partido en el cual militan. Pero en muchos de los casos —confirmados a través de múltiples testimonios ventilados públicamente— los empleados públicos firmaban las autorizaciones porque, de no hacerlo, perderían su empleo.
Por ello, y porque de acuerdo con el razonamiento de los jueces electorales, el descuento de cuotas partidistas vía nómina constituye un acto indebido, porque pone al servicio de un partido la infraestructura pública, tales actividades han sido declaradas ilegales y, por ende, prohibidas.
Al menos en teoría, el pronunciamiento de una autoridad jurisdiccional en relación con el tema debería bastar para que las autoridades de todos los órdenes de gobierno cesaran en sus intentos de recaudar recursos para sus partidos mediante el uso de los instrumentos de la administración pública.
En cualquier otro lugar, menos en Coahuila, según parece evidenciar información de la Auditoría Superior del Estado según la cual, las administraciones de al menos 18 municipios de la entidad, así como dos entes para municipales, habrían incurrido en esta práctica durante el año 2016.
Según los datos contenidos en el informe de la cuenta pública de dicho ejercicio fiscal, en los 20 casos detectados los burócratas habrían “aportado”, en total, poco más de cuatro millones y medio de pesos, siendo el caso más relevante el del Ayuntamiento de Frontera, a cuyos empleados se les habrían realizado descuentos por 1.2 millones de pesos, es decir, alrededor de la cuarta parte de todos los descuentos detectados en la entidad por la ASE.
El fenómeno, como se dijo al principio, es uno de carácter generalizado y no exclusivo de un sólo partido. De acuerdo con la información proporcionada por la Auditoría Superior, los partidos beneficiados con esta práctica son varios, pero fundamentalmente el PRI, el PAN y el PVEM.
¿Por qué continuaron las administraciones municipales señaladas realizando descuentos a sus empleados, a pesar del pronunciamiento de las autoridades jurisdiccionales en el sentido de declarar ilegal dicha práctica? La respuesta seguramente se encuentra en el mismo lugar donde se ubica la explicación a la reiteración de muchas otras prácticas nocivas: en la existencia de amplios espacios de impunidad en nuestra sociedad.
Por ello, resulta indispensable insistir en que, para la erradicación de este tipo de vicios, lo importante no es solamente que tales prácticas sean expuestas a la luz, sino que sean investigadas y castigadas con severidad. Mientras eso no se haga, sólo será cuestión de tiempo para que volvamos a reseñar cómo, en años posteriores a 2016, siguieron realizándose descuentos a los empleados municipales en Coahuila.
El descuento de cuotas partidistas vía nómina constituye un acto indebido, porque pone al servicio de un partido la infraestructura pública