ARREBATA JUEZ FEDERAL CASO GUTIÉRREZ A CORRAL
Fiscal de la entidad califica resolución como ‘muy forzada’, e insiste que el juicio es de ámbito estatal
El proceso en contra del coahuilense Alejandro Gutiérrez, por presuntos desvíos por más de 250 millones de pesos, vuelve a ser motivo de disputa entre la Federación y Chihuahua, luego de que un juez de la CDMX determinara arrebatárselo al Gobierno de Javier Corral.
Gerardo Moreno resolvió ayer que el juzgado del fuero común de Chihuahua no es competente para llevar el caso del exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, porque los recursos señalados estaban comprometidos para el ramo educativo y, por ende, son de naturaleza federal.
César Augusto Peniche, fiscal general chihuahuense, calificó la medi- da como “muy forzada” e insistió que el caso corresponde a la entidad.
“Estamos analizando su contenido. En principio sostenemos que la competencia corresponde a Chihuahua por ser recursos que legalmente fueron transferidos al Estado (…) vemos una resolución del juez muy forzada, débil en argumentos jurídicos”, señaló en entrevista con Grupo Reforma.
La decisión del juez capitalino se dio luego de que tanto Gutiérrez como Antonio Tarín, exdirector de Adquisiciones del Estado acusado por los mismos delitos, presentaran sus respectivas peticiones para inhibir por incompetencia al juez de Chihuahua.
DISPUTA POR ‘LA CONEJA’ El 8 de enero pasado, Corral denunció públicamente que el Gobierno de Enrique Peña Nieto impuso una “represalia económica” de 700 millones de pesos a Chihuahua tras la vinculación a proceso de Gutiérrez.
Y es que, afirmó, el propio secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, le informó que no se depositarían a la entidad los recursos. Tras su declaración y presionar a la Federación mediante su ‘Caravana por la Dignidad’, el gobernador logró un acuerdo para que estos fueran regresados al Estado.
Gutiérrez fue detenido el 20 de diciembre pasado en Coahuila y trasladado de inmediato a Chihuahua, donde por dos desvíos diferentes, de 250 y 1.7 millones de pesos, recibió vinculaciones a proceso por el presunto delito de peculado agravado y fue enviado a prisión preventiva.
Es acusado de confabularse para saquear recursos federales destinados para Chihuahua, a través de la simulación de contratos de prestación de servicios al Estado entre 2015 y 2016, durante el gobierno de César Duarte.