¿Cómo está la ‘salud financiera’ de Coahuila?
Uno de los temas que mayor discusión ha provocado en los últimos años en Coahuila –y que mayores dudas generan– es el relativo a la presión que sobre las finanzas de la entidad provoca la deuda heredada por la administración de Humberto Moreira.
Más allá del monto, sobre el cual seguramente seguirá especulándose mientras no se conozca a ciencia cierta cuánto corresponde a créditos ilegalmente contratados en primera instancia, lo que hoy preocupa es saber con precisión cuál es el diagnóstico de la salud financiera de la entidad.
En otras palabras, lo que nos interesa a los ciudadanos de a pie es saber si la existencia de la deuda bancaria implica que el Gobierno no cuente con dinero para financiar los múltiples proyectos que requieren atención en materia de infraestructura y programas sociales.
¿El monto de lo que debe pagarse por el servicio de la deuda pone en riesgo, por ejemplo, el recurso destinado a educación o al de salud? ¿Qué porcentaje del presupuesto de egresos de la entidad se va a destinar este año al pago de los intereses?
Preguntas como las anteriores debieron quedar contestadas, a propósito de la comparecencia del secretario de Finanzas, Blas Flores Dávila, al Congreso del Estado esta semana.
Sin embargo, las dudas persisten porque, paralelamente a la información que produjo dicha comparecencia, la calificadora Fitch Ratings ha advertido que el Gobierno de Coahuila debe cumplir, a más tardar en octubre próximo, un compromiso que adquirió a finales del año pasado y que está relacionado con las garantías del pago de la deuda.
Para el pago de tal compromiso, según se ha informado, se integró un “Fideicomiso Maestro” en el cual se depositan los recursos que a Coahuila corresponden a través del Fondo General de Participaciones y el Fondo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
El año pasado, sin embargo, el Gobierno de Coahuila solicitó a sus acreedores que le permitieran utilizar la mayor parte de esos recursos (el 66 por ciento del total), comprometiéndose a restituir la totalidad de los mismos en el lapso de los siguientes 11 meses.
¿Qué implica exactamente esta obligación? ¿La restauración del referido fondo obligará a “castigar” partidas presupuestales de otros programas, o ya está contemplada la erogación en el presupuesto de egresos? ¿De cuánto dinero dispuso la anterior administración al retirar el 66 por ciento del Fideicomiso Maestro?
Se trata de preguntas que requieren respuestas puntuales y que no pueden ser ignoradas, pues implica tener claridad respecto de lo que podemos esperar este año en materia de inversión por parte del Gobierno del Estado.
Significa también, por otra parte, que los coahuilenses tengamos la mayor cantidad de información posible respecto de uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente, y que nos seguirá costando a los contribuyentes durante varias décadas.
¿La deuda heredada por Humberto Moreira estaría efectando el financiamiento de proyectos de infraestructura y programas sociales por parte del Gobierno de Coahuila?