Policías: la debilidad estructural del sistema de justicia

El señalamiento se ha realizado en múltiples ocasiones, pero no por ello debe dejar de realizarse: los cuerpos policiales constituyen una de las debilidades estructurales del nuevo sistema de justicia penal, pues sus mecanismos de trabajo no han cambiado sustancialmente pese a las enormes inversiones realizadas en los últimos años en su “modernización”.

Lo anterior es una intuición que puede poseer cualquier ciudadano a partir de la simple observación de la realidad circundante y de la información que intercambia con sus vecinos. Pero se trata de una verdad que indefectible se corrobora cuando se recurre a los datos duros.

Y eso es justamente lo que demuestra la estadística que acompaña al reporte que publicamos esta edición, relativo al contenido del Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) 2018, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), en el cual se señala que “la policía es el mayor punto débil del nuevo sistema, toda vez que los elementos policiacos en la entidad aseguran que sólo recibieron un taller exprés básico con los fundamentos del Sistema de Justicia Penal, pero sin ejercicios de práctica”.

De acuerdo con el citado reporte, los errores cometidos por elementos policiales, al llenar los informes que se integran a las carpetas de investigación, constituyen la principal fuente de fracasos del Ministerio Público al momento de someter al arbitrio de los jueces sus casos.

Tal hecho repercute de forma importante en la eficacia del sistema de justicia y, en el caso específico de Coahuila implica, según el IGI-MEX, que nuestra entidad se encuentre en el cuarto lugar nacional en cuanto al “índice de impunidad”, una de las 17 variables que mide el estudio.

El índice de impunidad en Coahuila, que mide la eficacia en el proceso de obtener sentencias condenatorias de parte de los jueces, implica que en nuestra entidad los agentes de la Fiscalía sólo se encuentran por encima de los que operan en el Estado de México, Tamaulipas y Baja California.

Adicionalmente, el estudio ubica a Coahuila en el sexto lugar nacional en número de jueces por cada 100 mil habitantes, pues en la entidad ese indicador se ubica en 2.7, lo cual nos coloca dentro del grupo de entidades cuya situación es “crítica”.

La debilidad estructural, representada por una policía mal capacitada y la escasez de jueces, implica un riesgo social que va mucho más allá de las simples estadísticas en materia de seguridad, para instalarse en los terrenos de la calidad democrática. Y es que si no contamos con un sistema de justicia capaz de garantizar que a quien comete un delito se le procese y, eventualmente, se le castigue, la cultura de la impunidad no solamente se mantendrá sino que se extenderá.

En este sentido, el reporte de la Udlap debe ser analizado por nuestras autoridades, pero no sólo eso, debiera servir de insumo para corregir y ajustar las políticas públicas mediante las cuales se ha implementado el nuevo sistema de justicia, a fin de que éste se convierta en un instrumento para mejorar la calidad de la vida colectiva y no para demeritarla.

Una policía mal capacitada y la escasez de jueces implica un riesgo social que va más allá de las simples estadísticas en materia de seguridad