Pederastia clerical, ¿logrará la Fiscalía castigarla?

Los sucesos más recientes fueron hace cuatro años y los más antiguos hace ocho; estos ocurrieron en iglesias y seminarios. Algunas víctimas han declarado que fueron abusados, reiteradamente, durante cuatro o seis años”.

La transcripción anterior forma parte de las declaraciones realizadas por Norberto Ontiveros Leza, funcionario de la Fiscalía General de Coahuila, al referirse a los casos de pederastia en que presuntamente habrían incurrido sacerdotes católicos en la entidad, y que son investigados a partir de las denuncias interpuestas por cuatro de sus víctimas.

Las investigaciones que integra en este momento la Fiscalía, de acuerdo con Ontiveros, implicarían a un total de 11 sacerdotes, tres de los cuales seguirían en el ejercicio de su ministerio, mientras que otros cinco estarían intentando escapar de la acción de la justicia tras huir del Coahuila, pese a lo cual se les tendría ubicados.

Al abundar sobre los detalles de la investigación, el Fiscal Ministerial señaló que las víctimas habrían sido objeto, además de los abusos sexuales señalados, de intimidaciones para evitar que presentaran las denuncias que hoy apuntan hacia la interposición de acusaciones penales formales.

“Les decían que iban a dañar a su familia, que los iban a poner a ellos como agresores y no como víctimas. Fueron una serie de manipulaciones, incluso algunos afectados refieren que hubo uso de la fuerza, o sufrieron violencia psicológica”, dijo el funcionario.

Con la información que ha sido revelada por la Fiscalía, pareciera que la dependencia ha logrado reunir evidencia suficiente para llevar los casos ante un juez y, eventualmente, obtener una sentencia condenatoria en contra de los presuntos agresores.

Siempre es necesario recordar en estos casos que los señalados deben gozar del principio de presunción de inocencia y que no puede –ni debe– considerárseles culpables, hasta en tanto un juez así lo dictamine.

Es necesario insistir en esta premisa, porque en el respeto a la misma se encuentra la diferencia entre que los acusados puedan ser condenados o sean absueltos porque no se demuestre en juicio, más allá de toda duda razonable, que efectivamente cometieron el delito por el cual están siendo señalados.

En este sentido, la responsabilidad de la Fiscalía es conducir una investigación pulcra que garantice la administración de justicia, y eso quiere decir sólo una cosa: si los acusados son inocentes no deben ser condenados por un delito que no cometieron, pero si son culpables no debe permitirse, bajo ninguna circunstancia, que sus actos queden impunes.

Es de esperarse, por ello, que el personal de la Fiscalía adscrito al caso asuma a cabalidad el compromiso de desplegar todas sus capacidades para que, en el momento en el cual presente sus casos ante un juez, estos tengan la solidez necesaria que permita ofrecerle justicia a quienes han reunido el valor de denunciar los ultrajes de los que aseguran fueron objeto.

Se trata de una auténtica prueba de fuego, en la que la Fiscalía no puede darse el lujo de fracasar.

Si los acusados son inocentes no deben ser condenados por un delito que no cometieron, pero si son culpables sus actos no pueden quedar impunes