No debe ser letra muerta la ley que protege a periodistas
Legisladores expresan preocupación por agresiones a este gremio
Es responsabilidad de todos los actores sociales hacer que el ejercicio periodístico deje de ser una profesión de alto riesgo”. Benito Ramírez, Morena.
El Congreso de Coahuila exigirá a dependencias estatales y federales que den un informe sobre el estado que guardan las denuncias que se han interpuesto del 2012 a la fecha por agresiones y amenazas contra periodistas y medios de comunicación del estado.
Ayer, el diputado de Morena, Benito Ramírez, presentó un punto de acuerdo en el que señaló que en Coahuila, el gremio periodístico ha sufrido atentados a la libertad de expresión y puso como ejemplo, entre otros, el del ataque cibernético que recientemente sufrió VANGUARDIA.
“La lista de situaciones de peligro, cuando no de agresiones físicas que en ocasiones derivaron en la muerte de informadores, sigue acrecentándose, sin que hasta ahora veamos la aplicación estricta de la ley en defensa de los comunicólogos”, señaló el diputado de Morena.
Comentó que Coahuila ocupa el tercer lugar entre las entidades del país con mayor número de ataques a comunicadores de acuerdo con un reporte de la organización “Artículo 19”. El año pasado se documentaron 26 casos de agresiones contra periodistas, y no se han resuelto.
“Todo parece indicar que la Ley para la Protección de las y los Periodistas no pasa de ser letra muerta, en tanto la Comisión de Prevención y Protección de los Periodistas en el Estado deja mucho que desear en su desempeño”, consideró Ramírez Rosas.
EMITIRÁN EXHORTO
Por lo tanto, a través del punto de acuerdo, que fue aprobado por unanimidad, el Congreso exhortará a la Secretaría de Gobierno, a la Fiscalía General del Estado, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado y a la Comisión de Prevención y Protección de los Periodistas en el Estado, rendir un informe sobre el estado que guardan las denuncias presentadas por agresiones a periodistas.
“Asimismo, que hagan lo conducente para que se agilicen los procesos en cuestión y especifiquen las medidas que, en su caso, se estén tomando para garantizar la seguridad jurídica del gremio en general, mantener a salvo su integridad física y proveerles protección, tanto como a sus respectivas familias y patrimonios”.