AUMENTAN EN COAHUILA 51% QUEJAS POR ABUSO SEXUAL
Cada año son más las denuncias que se presentan por delitos que atentan contra la moral
En los últimos tres años ha crecido el número de denuncias por abuso sexual, acoso y hostigamiento en Coahuila.
Tan solo en enero y febrero de este año el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró un aumento del 51 por ciento respecto al mismo periodo de 2016 en el delito de abuso sexual, donde figura la mujer como la principal víctima.
La base de datos dependiente de la Secretaría de Gobernación refiere que en los primeros 2 meses de este año se han registrado 65 carpetas de investigación, mientras que en 2015 fueron 58 delitos y en 2016 se denunciaron 43 casos.
Respecto al delito de acoso sexual, definido como aquellas insinuaciones sexuales indeseadas, en el primer bimestre de 2016 se registraron 17 casos, mientras que en el mismo periodo de 2017 aumentó a 23, y en este año el informe señala una disminución pues solo se tiene el conteo de 18 denuncias.
De acuerdo con el artículo 399 del Código Penal de Coahuila el acoso sexual se castiga con entre uno y 5 años de prisión y multa.
Las sanciones pueden aumentar si el acosador causa un daño personal, laboral, educativo, profesional o patrimonial; o si la víctima es una persona menor de edad o sin capacidad de comprender el significado del hecho. En caso de que el victimario sea un servidor público éste debe ser destituido e inhabilitado para ocupar empleo, cargo o comisión en el servicio público por un periodo de uno a 5 años.
Aunque en el caso del hostigamiento tanto en los primeros 2 meses de 2016 como en 2017 no se presentaron denuncias, en este año el secretariado Ejecutivo ha contabilizado 5 casos. A diferencia del acoso, en este delito existe una relación de poder o mayor jerarquía entre la víctima y el victimario. Se castiga con de dos a siete años de prisión y multa, aunque en caso de que el acosador se tratara de un servidor público y utilizara los medios de su cargo jerárquico, la sanción aumenta porque puede ser destituido e inhabilitado para ocupar empleo, cargo o comisión en el servicio público por un período de dos a siete años.