Peligros para el juez electoral
Con la misma rapidez con que se acercan las elecciones, que serán las más numerosas, complejas y disputadas en la historia del país, crecen también las asechanzas para el tribunal federal electoral, que parece caminar sobre un terreno empedrado de presiones ante la magnitud de intereses cruzados.
De los jueces electorales dependerá que los derechos políticos de todos sean protegidos. Y, en tanto autoridad que califica la validez de los procesos, en aquellos radicará la legitimidad de los nuevos gobiernos y legislaturas electos. A todos nos conviene que hagan su trabajo no sólo con rigor, sino con respaldo social.
Apenas acumula 16 meses la actual generación de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que encabeza Janine Otálora, pero ya han experimentado lo que es laborar en olla de ácido, como lo demuestra el entorno que rodeó sus resoluciones ante los comicios en el Estado de México y Coahuila, lo mismo que sucesivas determinaciones para enmendar la plana a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), afectados por egos muy robustos y abierta influencia de los partidos políticos.
No han sido pocas las actuaciones del INE, bajo la conducción de Lorenzo Córdova, que parecieron buscar más el arreglo partidista y el entusiasmo mediático aunque mostraran debilidades jurídicas. Por ello acabaron siendo corregidas por el tribunal, con el consiguiente riesgo de costo político.
También urge acercar la mirada ciudadana hacia lo que está ocurriendo con los tribunales electorales estatales, producto de un extraño arreglo determinado por la reforma constitucional de 2014 (http://portales. te.gob.mx/consultareforma2014/node/2898) que dio origen al ahora INE (antes IFE). Hoy muchos de esos tribunales se hallan bajo acoso múltiple.
Esa reforma despojó a los diversos núcleos de poder estatales, especialmente a los gobernadores, de la potestad de gestionar la integración de los respectivos tribunales. Lo mismo ocurrió con los institutos locales electorales, los llamados OPLES. El argumento, que no carecía de sentido, fue que los mandatarios estatales corrompían a esos órganos, por lo que había que quitarlos de sus manos y de las de sus operadores notablemente los Congresos locales.
La referida reforma asignó a los miembros del INE la responsabilidad de nombrar a sus homólogos en los estados. Pero nadie podría demostrar que el INE esté poblado por ángeles sin ambiciones ni compromisos políticos. Ello incluye al principal actor de este proceso, el consejero Marco Antonio Baños, al que se identifica con el PRI y cuya experiencia de tres décadas en temas electorales hace ver a sus compañeros como simples novatos. Si a ello se agrega que varios de ellos deben lealtad a otros partidos, no es difícil imaginar la mezcla resultante.
Los nuevos magistrados electorales estatales fueron designados por el Senado, pero no necesariamente bajo un mecanismo que premiara los méritos, sino mediante el reparto partidista al que nos tiene ya acostumbrados la tan poco digna de ser llamada Cámara Alta.
Lo que el legislador no previó (voluntaria o involuntariamente) fue el muy probable escenario de que los gobiernos estatales, usando a sus Congresos como arietes, buscaran dinamitar la autoridad electoral sobre cuya confección no se les permitió participar. Ello llevó a un sabotaje presupuestal en muchos estados, con sueldos altamente diferenciados entre una entidad y otra. Diversos tribunales locales estatales han presentado controversias federales contra gobiernos que pretenden doblegarlos por inanición, como los casos de Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Morelos y Aguascalientes, entre otros.
La primera semana de este mes, en Mérida, el TEPJF convocó a un encuentro anual entre magistrados federales y estatales. En las mesas de trabajo afloró la denuncia sobre la pugna con los gobernadores, como lo alertó en un artículo el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras, quien participó en la reunión.
Se trata de un amago más, no el menor, que está encarando el tribunal federal electoral, el cual por vez primera es presidido por una mujer, Janine Otálora, cuya ruta profesional incluye estudios en la UNAM y un doctorado en La Sorbona, la legendaria universidad parisina, a lo que siguieron tareas relevantes en el Congreso francés. Y en México, 20 años dedicada a temas judiciales, la mitad de ellos en el ámbito de la justicia electoral. En 2016 ella fue propuesta por la Suprema Corte como magistrada, aprobada unánimemente en el Senado y designada presidenta del tribunal en noviembre de ese año por sus compañeros.
Si a este grupo de jueces les va bien será por un doble motivo: porque mantengan la rectitud de sus sentencias y porque atraigan el respaldo de una parte sustantiva de los ciudadanos.